Por posible motivo de inconstitucionalidad y omisiones en el proceso legislativo, fue aprobada por mayoría, con 16 votos a favor y 9 abstenciones, la reforma a Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, con la que se instituye la consulta indígena que aprobará “acciones legislativas o administrativas que tengan un impacto directo en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la comunidad”.

En la sesión de ayer, el Congreso local puso a discusión el dictamen para aprobar enmiendas a los artículos 12, 14, 15, 16 y20, adicionándose el 12 Bis e incisos a la fracción I y II, así como una fracción III al artículo 14, con el que precisan nuevas obligaciones para el estado y los municipios en materia indígena.

Deben realizar “la consulta previa, culturalmente adecuada, de buena fe, directa e informada a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas sobre las medidas legislativas, administrativas o los actos de autoridad relativos a la inversión privada, que sean susceptibles de afectarles directamente, a efecto de que emitan y sea considerada su opinión respecto a las medidas propuestas”.

Luego precisa que “la consulta indígena es el instrumento por el cual la o el titular del Poder Ejecutivo, las instancias de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, el Congreso del Estado, los ayuntamientos municipales por sí o en colaboración, por medio de los mecanismos de participación ciudadana reconocidos en el estado de Hidalgo, o por los propios de la comunidad, someten a previa consideración de la población indígena acciones legislativas o administrativa que tengan un impacto directo en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la comunidad indígena”.

La mayoría de Morena votó a favor, mientras que PRI (5), PAN (2) y Encuentro Social Hidalgo (2) se abstuvieron.

Al respecto, el panista Asael Hernández señaló que la reforma aprobada ayer tiene visos de inconstitucionalidad, pues invade atribuciones al imponer usos y costumbres sobre las decisiones del Ejecutivo estatal.

Por su parte, el priista Julio Valera afirmó que únicamente se abstuvieron porque una ley que garantiza consultar a los pueblos originarios, las reformas y actos de gobierno que les incumben, no fue desde su origen sometida al consentimiento de los indígenas.