Hidalgo es uno de los estados con el menor monto a observar y en la cuenta pública2020, sólo el 0.03 por ciento tuvo a bien a aclararse del total del presupuesto que otorga la federación, expresó el secretario Técnico de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación(ASF), David Isaac Ortiz Calzada.
Lo anterior durante la realización de la séptima asamblea plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios, en el municipio de Nopala de Villagrán, donde participó el gobernador Omar Fayad Meneses y en la que Ortiz Calzada resaltó que el estado pasó de ser el número 29 de los más observados cada año a estar peleando los primeros lugares con el menor monto por observar.
A su vez, Ortiz Calzada mencionó que en 2020 se implementó por primera vez las auditorías digitales en el Continente yen México, donde Hidalgo se sumó voluntariamente para iniciar la fiscalización superior, a través de medios digitales, acción que realizó antes de la puesta en marcha el buzón digital que ahora es una Reforma a la Ley y ejemplo de una práctica de fiscalización a nivel internacional.
Además Hidalgo se sumó a la ASF para ser la primera entidad en usar la plataforma como Oficialía de partes con firma electrónica avanzada
En tanto, el mandatario estatal Omar Fayad señaló que un gobierno debe supervisar la correcta aplicación de la inversión y el gasto social a su cargo y no sólo debe proponer una obra pública, programas y acciones que sean de alta utilidad para la población, sino que todo ello tiene que llevar un estricto control y que la rendición de cuentas sea transparente.
En este sentido, dijo que al responder alas solicitudes de acceso a la información a la que tienen derecho los ciudadanos, también es un deber de todos los niveles de gobierno, en especial a los más cercanos a la ciudadanía como es el municipal y del estado.
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Respecto a los sistemas anticorrupción, expresó, pueden replicarse a nivel municipal. Las y los alcaldes tienen la posibilidad de conocer de primera mano las mejores prácticas para crear mecanismos que eviten que los servidores públicos cometan actos de corrupción en el contexto municipal.