Municipio enfrenta 80 demandas por despidos

ATOTONILCO DE TULA.- El gobierno municipal tendrá que hacer frente en los próximos meses al pago de 80 laudos y la cifra puede alcanzar hasta los 80 millones de pesos, informó el secretario municipal Juan Manuel Rojas Rodríguez.

Explicó que la administración 2016-2020, que encabezaron los exalcaldes Julio César Ángeles Mendoza y Raúl López Ramírez se corrió prácticamente a todos los trabajadores de confianza, de base y sindicalizados, que venían de administraciones anteriores y presentaron demandas.

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“Cuando el ingeniero Julio toma protesta despide a todo el personal sin ofrecer un pago de liquidación y todos esos trabajadores al ver violentados sus derechos levantaron denuncias ante la Junta de conciliación y Arbitraje, que ese gobierno descuida por completo, no atiende y no subsana. Y después se viene la pandemia y se empiezan a aplazar las audiencias de los juicios y hoy después de casi seis años empiezan a salir los laudos”.

Con algunos extrabajadores, refirió, la sindicatura pudo negociar un pago antes de que saliera la sentencia, en el caso de otros cinco ya ganó la alcaldía, pero dijo que hay otros 80 casos pendientes. Unos que ya tiene sentencia, pero apenas les van a notificar y otros juicios que ya van a salir los fallos y por tanto están obligados a pagar.

Juan Manuel Rojas dijo que aún no se definen los montos de lo que habrá que pagarles a cada y por una situación de secrecía jurídica no pueden revelar lo que se le pagará a cada uno, pero los montos que estableció la autoridad van de los 180 mil pesos hasta un millón y medio de pesos.

Esta situación, comentó, complica las finanzas del municipio, porque tienen adeudos por otros conceptos de más de 200 millones de pesos y calculan que serán alrededor de 80 millones de pesos lo que tendrían que pagar a los extrabajadores y no van a tener liquidez para hacer frente a esta obligación.

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“Al presidente Jaime Ramírez le dejaron un gran problema. Porque hicieron un mal manejo cuando decidieron prescindir de los servicios de los trabajadores, ya que no les pagaron su finiquito, pero a algunos no les pagaron tampoco el aguinaldo. Y por ello hoy ya se les debe, además de la indemnización Constitucional, cuatro años de salario caídos y están solicitando la reinstalación de su puesto.”