Nombraron a Javier Baños Morales como titular de la Fiscalía especializada para prevenir, Investigar y sancionar el delito de tortura en el estado de Hidalgo.

Según los propios datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en la entidad existen más de mil averiguaciones previas y carpetas de investigación rezagadas por este delito.

Las sanciones por tortura van de los 10 a los 20 años de prisión y podrán aumentarse en una mitad más en los casos en que las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad, indígenas, diversos sexos u orientación sexual y también si son en contra de los periodistas.

Javier Baños resaltó que dicho delito se investigará y proseguirá de oficio por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial, pues el delito de tortura es imprescriptible, no siendo causa de exclusión del delito la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que dispongan, autoricen o alienten la comisión de este delito.

Para el delito de tortura no procede la libertad condicionada y los servidores públicos que omitan denunciar estos actos pueden ser acreedores a una prisión de tres a seis años, además de ser destituidos o inhabilitados de sus cargos.