Desde que entró en vigor la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 25 mujeres han asistido a los hospitales ubicados en Hidalgo para practicarse un aborto voluntario, informó Adriana Jiménez Patlán, directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.
Lo anterior, durante la conferencia de prensa en la que un grupo de activistas criticaron la postura adoptada por legisladores del PRI, PAN, PESH, y la diputada independiente, Areli Miranda, quien además es presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género en el Congreso Local, tras haber presentado una Acción de Inconstitucionalidad en contra del decreto que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 12.6 semanas de gestación.
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Alba Adriana Patlán detalló que como organización se ha dado seguimiento a 10 casos de aborto electivo; incluso mencionó que una de las mujeres que tuvo acceso a la interrupción voluntaria era originaria de Veracruz.
Al tiempo, comentó que la Procuraduría de Justicia de la entidad archivó 150 carpetas de investigación en las que se perseguía un delito de aborto, esto, aclaró también se logró gracias a la aplicación de un criterio de oportunidad judicial y en los últimos días estaban por archivarse 10 carpetas más que correspondían a las personas que habían ejecutado la interrupción del embarazo.
Cabe recordar que el acceso a la ILE es vigente desde el pasado 7 de julio, un día después de que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
Por otro lado, las feministas y activistas dejaron claro que a pesar de que se haya interpuesto la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la ILE, es una reforma que es vigente, por ende las mujeres que deseen acceder a ella están en derecho y libertad de hacerlo, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se pronuncie al respecto.
En este sentido, la coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Berta Miranda Rodríguez, informó que para que proceda la Acción de Inconstitucionalidad se requiere del 33 por ciento de los legisladores, es decir 10 diputados.