Otorgan seis mdp a inteligencia

VERÓNICA ANGELES. | El Sol de Hidalgo

  · lunes 11 de noviembre de 2019

Raúl Arroyo, procurador de Justicia del estado /VERÓNICA ANGELES

Con seis millones de pesos que se recibieron de fondos federales, la Procuraduría de Justicia de Hidalgo instalará la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), la cual equipara las acciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal, así lo informó el procurador Raúl Arroyo.

Recordó que la UIPE realizará investigación de movimientos bancarios, fiduciarios, accionarios “en donde pudiera haber desvío de dinero público, malversación, enriquecimientos ilícitos, es decir, todo lo que se refiere a la información que surge de las instituciones financieras”.

Explicó que se recibieron recursos de índole federal para que la unidad financiera comience a operar, lo que sigue es analizar dónde va a quedar ubicada “porque tiene diferentes acciones y hay diferentes modelos entonces lo que tenemos que resolver cómo vamos a funcionar”.

En ese sentido, abundó que a nivel federal la UIF opera dentro del SHCP, pero en Hidalgo, por la conveniencia de los fondos, se abrió como un área de la Procuraduría, “pero el siguiente paso todavía no lo sabemos, depende en buena medida del dinero”.

Raúl Arroyo comentó que, si bien el área ya está creada, aún no se da el nombramiento a ninguna persona como responsable, ya que en antes de eso es necesario preparar a los agentes del ministerio público, toda vez que “se trata de un área altamente especializada, para la cual se necesitan auditores y entonces el equipo no es precisamente común”.


La UIPE tiene como finalidad establecer un sistema eficiente y eficaz que permita la obtención de toda la información patrimonial, fiscal y económica existente en diversas instancias locales o federales y su transformación en material de inteligencia.

Ello, para combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia, para lograr una mayor eficiencia en la investigación y persecución de los tipos penales relacionados mediante operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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