Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas Espinosa y Asael Hernández Cerón, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local, promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) contra de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Con base en el listado de asuntos en instrucción que se puede observar en el sitio web del órgano jurisdiccional, las diputadas y el diputado albiazules pretenden echar abajo la reforma a través de la promoción de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales (JDC) bajo el argumento que durante el debate parlamentario no se les permitió hacer uso de la voz y tampoco se les dio la posibilidad de votar.
El pasado 30 de junio, en la sesión del Congreso local se aprobó con 16 votos a favor, la reforma al Código Penal para legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, así como algunas modificaciones a la Ley de Salud del estado, al momento que el presidente de la directiva pidió que pronunciaran el sentido de la votación, el diputado Asael Hernández hacía uso de la voz en la tribuna.
De acuerdo con los asuntos en instrucción, los panistas reclaman “ la ilegal omisión realizada por el Congreso de la referida entidad federativa al no permitirles hacer uso de la voz y sufragar el voto en la sesión ordinaria número 201 celebrada el día 30 de junio del año en curso, en el punto 4 inciso a”.
El expediente promovido por los legisladores panistas, fracción que siempre ha manifestado su rechazo a la legalización del aborto, quedó radicado bajo el número TEEH-JDC-118-2021 y será estudiado por la ponencia del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez.
Con esa acción, las diputadas y el diputado panista buscan revertir la aprobación de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, reforma que incluso ya fue publicada por el Poder Ejecutivo en el Periodico Oficial del Estado de Hidalgo el pasado 6 de junio.
Cabe recordar que no es la primera vez que los legisladores acuden ante el TEEH; sin embargo, en ocasiones anteriores el órgano jurisdiccional se ha declarado incompetente por ser asuntos de Derecho Parlamentario.
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