Durante las entrevistas para elegir al quinto integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SAE), candidatos revelaron detalles como la creación de organizaciones civiles para justificar impuestos o el incumplimiento cabal a la Ley Estatal de Archivo.
Serán dos días que el comité de selección encabezado por Alberto Paredes Dueñas cuestione a ocho interesados por encabezar el CPC tras la salida de Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, quien lleva cinco años al frente.
Anabel Reyes González es miembro del Observatorio Ciudadano de Hidalgo y en su turno dio a conocer que desde el 2017 detectaron desde éste organismo la presencia de empresas, instituciones y funcionarios con organizaciones civiles que las utilizaban con el único fin de obtener la reducción de impuestos fiscales.
Así que dejaban a un lado el apoyo a la ciudadanía.
Indicó que el Observatorio analizó la condición de las distintas asociaciones, de esa forma conocieron que cerca de unas 900 no eran “verdaderamente ciudadanas” altruistas.
También conocieron que otras emanaban de empresas con integrantes que pertenecían a la plantilla laboral.
Se inclinó ante los miembros del Comité de Selección designar a un ciudadano real y no un funcionario.
De paso mencionó que la Estafa Siniestra con empresas fachadas en las alcaldías que causó un presunto desvío millonario, “se reveló porque llegó un gobierno nuevo, pero el SAE quedó opacado porque no actuaron de manera correcta ni a tiempo”.
Por su parte, el candidato Rogelio León Callejas manifestó en su exposición de 15 minutos, indispensable observar los recursos estatales para obra pública para el 2023 que fueron duplicados, “para que no abusen de la Ley y evitar actos de corrupción”.
Esto para evitar que lleguen los contratistas preferidos del sexenio, dijo.
Necesario auditar, resaltó, observar y sancionar en tiempo real a fin de corregir puntualmente, pues en el hecho actual se realiza con retraso.
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Por segunda ocasión participa y en su plan de trabajo propuso aplicar sanciones a los funcionarios responsables que incumplen con la presentación de las páginas de transparencia de cada alcaldía y no multar a la institución como se hace.
También dejó claro que la Ley de Archivo Estatal resulta poco relevante para las autoridades que no se cumple al cien por ciento, cuando es esencial para la toma de decisiones.
Hoy será el segundo día de entrevista a otras cuatro personas, pues el veredicto será emitido el próximo seis de enero, de tal forma que el 30 será la toma de protesta.