En Hidalgo, desde el jueves dos de junio no están funcionando las Unidades de Verificación Vehicular, conocidos como “verificentros”, distribuidos en varios municipios. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) desactivó el software de su propiedad con el cual funciona el sistema de todos esos sitios, señalaron dos mujeres dueñas de dos de esos centros de verificación, en Tulancingo y Zimapán, luego de que la Procuraduría estatal de protección al ambiente (Proespa) los supervisó y encontró irregularidades.
La razón, expuesta por las y los dueños de los centros de verificación en rueda de prensa ayer viernes, es que la Proespa practicó revisiones y detectó presuntas anomalías en la plataforma digital que permite el proceso de revisión de cada automotor, el cual opera la Semarnath y controla vía remota, además de otras observaciones; bajo ese pretexto les inició un procedimiento de revocación de la concesión. “No es su competencia, ya que los verificentros somos supervisados por la Procuraduría federal de protección al ambiente (Profepa)”, dijeron en entrevista y por separado, posterior a su encuentro con reporteros, las dos propietarias.
Por su parte, el abogado Jorge Cabrera, que hizo las veces de vocero de la treintena de dueñas y dueños de las UVV que estuvieron presentes, informó que interpondrá un amparo colectivo contra la medida de la Proespa e impugnarán la convocatoria de la Semarnath para concesionar nuevos centros de verificación por estar presuntamente amañada.
Las mujeres precisaron que el único software autorizado por la Procuraduría federal de protección al ambiente (Profepa) y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), es el de la Semarnath y no tiene lógica que haya presentado fallas que no fueron detectados por esos dos entes y sí por la Proespa.
Señalaron que en todo caso es responsabilidad de la Semarnath tener certificado su programa digital, ya que como dueños de los UVV le pagan una renta por él, que en 2018 ascendía a 400 Unidades de Medida y Actualización, pero con la pandemia disminuyó a la mitad, aproximadamente 17 mil pesos mensuales. Cada centro de verificación debe pasar por diversas inspecciones de la Profepa y otras entidades como la EMA y desde 2018 no se han encontrado “en ninguno” evidencia de alteración del programa y sus elementos que lo componen, afirmaron.