En tanto la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semoth), que encabeza Lyzbeth Robles Gutiérrez, no ha informado el estatus legal de los heridos de la volcadura de una colectiva el martes dos de julio, Adrián Vargas del Colegio Barra de Abogados de Hidalgo, informó que cuando un pasajero sufre un accidente a bordo de un transporte público tiene tres vías para denunciar la reparación del daño: penal, civil y en la administrativa incluye, además del chofer y concesionario, al gobierno del estado.

El anterior miércoles se solicitó información de dos percances viales en los que se involucró igual número de unidades del servicio público de pasajeros, la del 29 de junio y dos de julio, del primero se convocó a una manifestación de los lesionados y familiares de dos fallecidos el viernes cinco de julio afuera de la Semoth en calle Vicente Segura esquina con 16 de Enero, en Pachuca, ahí señalaron los afectados que ningún funcionario les había brindado asesoría legal para exigir pagos de diversa índole derivados de la volcadura de la ruta La Unidad.

Pasaron seis días desde el incidente para que les hicieran caso las autoridades.

Del otro no se recibió información de la Semoth al cierre de la presente edición, para conocer si el chofer portaba tarjetón, licencia de conducir y vigencia del seguro para los pasajeros y si ya habían cubierto las afectaciones a los 13 heridos, saldo de también volcar una colectiva de la ruta Huixmi-Bulevar Minero-Doria, franjas negras con amarillo que empezó a circular este año esa línea.

En caso de sufrir un accidente como usuario del transporte público, con funciones de tesorero dentro de la mesa directiva del Colegio Barra de Abogados de Hidalgo, Adrián Vargas informó que si no hay reparación de lesiones, se interponga la denuncia penal contra el chofer y el concesionario; en la vía administrativa demandar la revocación de la concesión, “es evidente que si el estado permite, a través de una falta de supervisión, que personas ajenas al titular de la misma ejerzan, creo que hay una responsabilidad patrimonial del estado”.

Y en la vía civil, demandar al titular de la concesión, al estado y al “posturero” por el daño que se las ha causado, tanto en el aspecto físico como psicológico, detalló.