El dirigente de los comerciantes ambulantes y exalcalde priista, Gabriel García Rojas exhortó a los diputados locales a ser imparciales en el proceso de juicio político contra la alcaldesa emanada de Morena, Susana Araceli Ángeles Quezada, tampoco la encubran, protejan o retrasen por ser del mismo partido, solicitud que hicieron porque ocultó información al pleno del cabildo sobre la donación de un terreno destinado a la reubicación de 300 vendedores informales y ahora se construye un complejo deportivo y cultural con recursos federales.
Como lo informó en febrero y marzo, al no ser escuchado por la Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano (Sedatu) delegación Hidalgo y el gobierno municipal, sobre lo que hizo la presidenta municipal en diciembre de 2022, al sesionar el ayuntamiento y solicitar la aprobación de sus miembros para la obra de un centro cultural y deportivo en el barrio de Huicalco.
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Ella ocultó a los regidores que en dicho predio, de 15 mil metros cuadrados, donde actualmente ya se desarrolla la construcción mencionada, fue comprado por los 300 ambulantes y dado en donación al municipio especificando en el acta correspondiente que ahí iban a ser reubicados ese grupo, resumió.
Esos documentos que obran en poder del exalcalde y en los archivos de la propia alcaldía, informó, son los que no mostró en la sesión, y que se lo confirmó el síndico jurídico y representante legal del gobierno municipal, Gabriel González García, quien dio vista de dicha situación a la Sedatu, de la que tampoco tuvo contestación.
Por lo que el presidente municipal del cuatrienio 2016-2020, interpuso una demanda civil contra ambas instancias y un juicio de nulidad de la donación de ese terreno por parte de los vendedores semifijos para que se los devuelvan. La otra opción si hubiera sido escuchado, era que les repusieran el terreno a un lado de la obra que actualmente se realiza, indicó.
El anterior once de septiembre, los diputados locales dieron hasta 15 días hábiles para concluir el procedimiento de juicio político número CI7/2023, que solicitó contra la alcaldesa denunciada, por ello exigió imparcialidad de quienes integran la Comisión Instructora en la 65 Legislatura estatal.
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