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Diputados locales de Hidalgo pretenden que integrantes de la Defensoría Pública Federal asesoren a mujeres y hombres indígenas que se encuentran en prisión y que llevan más de dos años enfrentando un proceso penal.
Integrantes del Congreso del Estado aprobaron un exhorto, planteado por la diputada local, Erika Rodríguez, dirigido al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a efecto de que valore la posibilidad de incluir al Estado de Hidalgo, como parte del programa piloto para la defensa de mujeres y personas indígenas en reclusión.
La legisladora informó que Hidalgo tiene una población de tres millones 82mil 841 personas, de las cuales 362 mil 629 mayores de 3 años hablan alguna lengua indígena, lo que representa 12 por ciento dela población de la entidad.
Mientras que en materia penitenciaria, al mes de abril de 2022 la entidad contaba con una población privada de la libertad de cuatro mil 704 personas.
En 2021, había 332 indígenas presos, 15 mujeres y317 hombres, de ellos seis mujeres están procesadas y ocho sentenciadas por delitos del fuero común y sólo una por un delito federal; de esta población, son 79 los hombres procesados y 231 sentenciados por delitos comunes, mientras tres son procesados y cuatro sentenciados por delitos federales.
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