El presidente de la organización México, Comunicación y Ambiente, Carlos Álvarez Flores, interpuso una denuncia ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) en contra del ayuntamiento de Tula por para exigir el cierre del tiradero de basura ubicado en el mismo municipio, por incumplir la norma 083-Semarnat-2003 desde 2008.
El activista acusó a los alcaldes de los municipios de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula de permitir que el tiradero siga funcionando, pese a que, dijo, ha incumplido con las normas ambientales, por lo que podría haber afectado al suelo, subsuelo y los mantos acuíferos cercanos a la zona.
De acuerdo con el defensor ambiental, la denuncia que interpuso ante Proespa no sólo busca que se le multe con dos mil 500 unidades de medida y actualización como establece la Ley Estatal de Medio Ambiente, sino que se clausure el tiradero que no fue elaborado como un relleno sanitario y únicamente se benefició a Aurelio Marín Huazo, ex secretario de Gobierno estatal en el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, para obtener la concesión del espacio.
Pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que revise la situación de los pozos de agua potable de las zonas cercanas al tiradero, pues teme que haya repercusiones en la zona, asimismo solicitó a la Secretaría de Salud estatal (SSH) que revise las condiciones de salud de los pobladores de las comunidades aledañas.
Agregó que en caso de no obtener respuesta por parte de la Proespa, acudirá ante la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer la denuncia correspondiente, pues afirmó que el tiradero debe cerrarse y construirse un centro de separación y aprovechamiento de residuos sólidos, con el que se evite exponer a la intemperie la basura.
Álvarez Flores sostuvo que son afectados por esta situación alrededor de cinco mil pobladores en las zonas cercanas, por lo que consideró que la multa que pueda aplicar la Proespa no sería suficiente para subsanar el daño que ha causado el tiradero a cielo abierto.