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Los gobiernos municipales durante el actual cuatrienio difundieron escasamente las convocatorias emitidas para los procesos de licitaciones de obras y servicios que efectuaron, debido a que la socialización fue mínima en cuanto al manejo de los presupuestos para este tipo de acciones, reveló el informe de “Participación en Discrecionalidad en Licitaciones de Obras y Servicios de los Ayuntamientos entre 2020 y 2022”, elaborado por el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP).
El estudio detalló que los ayuntamientos no priorizaron el principio de máxima publicidad para dar a conocer las convocatorias de licitaciones de los distintos servicios y obras que desarrollaron, aunado a que esta situación se profundizó durante la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con el LNPP, las obras en licitación estuvieron orientadas a distintos servicios en infraestructura municipal, las cuales en su mayoría contaron las características establecidas en la normativa estatal, pero que no se dieron a conocer de forma más directa respecto a las acciones efectuadas en los ayuntamientos.
También detalló que entre 2020 y 2021, la mayoría de los procesos de licitaciones que efectuaron los ayuntamientos estuvieron orientadas a servicios, principalmente para la adquisición de insumos para la atención de la contingencia sanitaria en los espacios públicos municipales.
Sin embargo, a partir de 2022 hubo un incremento en cuanto a los procesos de licitaciones de obras públicas, mismas que estuvieron encaminadas en la construcción de calles, caminos y puentes, en tanto que la tendencia del requerimiento de servicios sanitarios por la pandemia disminuyeron.
De la misma manera, prevaleció la discrecionalidad en cuanto a las sesiones que efectuaron los municipios en cuanto a sus asambleas municipales, debido a que la mayoría no difundieron el contenido de los temas que se abordaron de forma pública ni tampoco se visibilizaron.
Esta tendencia fue generalizada en la mayoría de los municipios del país, donde las actividades de Cabildo fueron principalmente discrecionales, ya que no existió una normativa que obligara a los integrantes de las asambleas municipales a cumplir con el principio de máxima publicidad.
Al respecto, Guadalupe Hernández Castañeda, investigadora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en sistema de gubernamentales, señaló que es fundamental impulsar un criterio de socialización de los procesos de adquisición de servicios que requieren las presidencias municipales, pues con ello se pueden evitar mecanismos de corrupción como lo que sucedió con la llamada “estafa siniestra”.
La académica refirió que en la medida que se impulse un sistema de transparencia masivo entre los ayuntamientos, a la ciudadanía conocerá de forma más efectiva los procesos de licitación de obras públicas, así como la adquisición de distintos servicios que requieren disminuyendo la posibilidad de la comisión de actos de corrupción.
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