Concluidos los cuatro primeros meses del año, Tulancingo arroja la estadística de dos casos de desapariciones de personas por cada una de las 18 semanas que van del 2024, según el conteo de esta casa editorial en el que se consideran datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) así como de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH).
Lo anterior, luego de que basado en fichas de búsqueda que han emitido las referidas instituciones, son en total 40 personas cuya desaparición se reportó en alguno de los cinco municipios del Valle de Tulancingo: 27 ocurridos en Tulancingo, cinco en Santiago Tulantepec, tres en Singuilucan y dos en Cuautepec de Hinojosa. Hasta el momento, en Acatlán no se reportan este tipo de casos.
Las dos últimas fichas de desaparición fueron de los hermanos De Jesús Delgadillo. Jessica Marely, de 22 años de edad y Cristian Gael, de 17 años de edad, ambos fueron vistos por última vez en Tulancingo el pasado 18 de abril.
Aunque anteriormente activistas de asociaciones civiles refirieron que las desapariciones voluntarios son un problema incipiente. La licenciada Martha Navarro, presidenta de la fundación Sonrisas Perdidas Hidalgo, expresó en entrevista que hay casos que integran la estadística que no fueron desapariciones forzadas, pues los involucrados dejaron su hogar voluntariamente. Lo anterior, según una de las hipótesis, es derivado de maltratos en el hogar o crisis domésticas.
“Es importante decir que no todas son desapariciones forzadas, la mayoría son voluntarias y afectan a los jóvenes. Los jóvenes están atravesando una situación difícil y con ello la cifra en Hidalgo está subiendo alarmantemente”, sentenció.
Por otro lado, Lizbeth Delgadillo, vicepresidenta en Tulancingo de la Asociación Juntos por Hidalgo Invisibles México, visualiza otro problema adyacente a las desapariciones en la región: la atención a familiares de víctimas de desaparición.
Mencionó que urge la creación de un Registro Nacional de Víctimas Indirectas, padrón que servirá para conocer las afectaciones en familiares de víctimas de desaparición, además de que con este instrumento, se podrían trazar rutas de acción en estricto apego a los derechos de las infancias y adolescentes, principalmente.
“(El registro es)para identificar y cuantificar el número de niñas, niños y adolescentes que han sido afectados y afectadas, facilitando la creación de políticas públicas específicas y programas de apoyo y atención efectivos. Medidas de apoyo, asistencia y atención especializada (...) que ayuden a hacer frente a la experiencia traumática de la desaparición de un ser querido, y que cuenten con programas y personal cualificado que consideren diferencias de género y edad”, puntualizó.
Este registro contemplaría, asimismo, mecanismos para el tratamiento psicológico de los familiares de las víctimas, así como su seguimiento a través de los programas sociales e incluso, un exhorto para destinar partidas presupuestales gubernamentales para la atención de esta problemática.
“Los colectivos, las organizaciones e instituciones reiteramos la urgencia de que las autoridades tomen conciencia de esta crisis humanitaria invisible y demuestren voluntad política para asegurar un futuro mejor para las infancias que han sido afectados y afectadas por la violencia y las desapariciones perpetradas”, abundó la activista.
