Prisco Gutiérrez respaldará en controversia de consulta indígena

Mientras avanza la resolución en el poder legislativo para dar cumplimiento a las observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la invalidación de tres de las seis etapas del Decreto 576 de la Consulta Indígena, el comisionado para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas de la entidad, Prisco Manuel Gutiérrez, aseguró que la institución que compete al Ejecutivo estatal acompañará al Congreso, aunque la responsabilidad total es de legisladores.

“Nosotros vamos a acompañar en este caso al Congreso del Estado, finalmente la resolución (de la Corte) le atañe atenderla al Congreso y nosotros como Ejecutivo vamos a acompañar en todo lo que nos sea requerido y de manera puntual”, aseguró el funcionario.

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Sobre si la Suprema Corte había dado revés a tal consulta por omisiones directas con las poblaciones indígenas, el comisionado explicó que las deliberaciones se basan en ciertos parámetros que han de cumplirse; sin embargo, “no hay consulta tardía ni consulta cansada”, pues “todas son buenas”, aseguró.

Fue al término de la entrega de la constancia a Acaxochitlán como Municipio Incluyente Indígena y luego de develar la placa del Ayuntamiento de esta demarcación que da nombre oficial al recinto en lengua originaria, que el ex diputado local mencionó que la repetición de estos ejercicios sirven para fortalecer a las comunidades:

“Todas las consultas nutren y todas son importantes, eso es lo que se quería hace una década, que se le consultara a los pueblos indígenas. Hoy una consulta más por supuesto que viene a fortificar (...) es competencia del Congreso, ahí están las observaciones que hoy tienen pero yo insisto que están en su cancha y ellos deberán atender”, concluyó.

Cabe recordar que la consulta indígena es, según explica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el procedimiento por el cual se presenta a los pueblos y comunidades indígenas iniciativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales que les afectan directamente, con el propósito de obtener su consentimiento o acuerdo.