El diputado federal Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar el artículo 67 de la Ley General de Salud, relativo a la planificación familiar.
Dicha propuesta plantea que “se ofrecerán reparaciones e indemnizaciones a las mujeres víctimas de esterilizaciones no consentidas”, independientemente de la responsabilidad penal en que se incurra.
Esto, con el propósito de que “el personal médico solicite el consentimiento firmado, con información oportuna, completa y adecuada, sin encontrarse en situación vulnerable o de crisis, antes de que se practique la esterilización”, expuso.
El legislador argumenta que en la mayoría de las intervenciones para esterilización en hospitales públicos o privados, mediante un método definitivo o el dispositivo intrauterino, el consentimiento se obtiene durante la labor de parto, momento en que la mujer está vulnerable.
“Por lo tanto, el consentimiento obtenido en estas condiciones es violatorio de los derechos de las mujeres a decidir de manera libre el número de hijas o hijos que quiere tener, como lo establece la Constitución Política”, aseveró.
Con la reforma, turnada a las comisiones de Salud, para dictamen, y a la de Justica, para opinión, se reconoce el derecho de todas las mujeres a estar informadas y a decidir sobre su cuerpo y, en caso de ir en contra de lo que dispone la ley, se pueda contar con un marco normativo que las respalde, se indica en la iniciativa.
