CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo de socios, de la cooperativa La Cruz Azul, que encabezan José Antonio Marín y Juan Manuel Velázquez Rangel, hacen un llamado de atención y exhorto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMEX), para que den a conocer los motivos de la destitución de policías que participaron en la detención del ex director jurídico de la cooperativa y otro socio, que aseguran, está implicado en el presunto robo de cemento.
A través de un comunicado, emitido hoy, 15 de junio, reconocen la labor de autoridades del gobierno capitalino, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a las autoridades del aparato público de justicia a nivel federal por su trabajo, “para el desmantelamiento del grupo de huachicol de cemento”, que aseguran ha afectado por lagos años el crecimiento y la seguridad de las comunidades de la familia Cruz Azul.
Refieren que esto es evidencia del avance en su lucha contra la corrupción, la delincuencia y por la construcción de un efectivo estado de derecho para todos los mexicanos.
Sin embargo, destacan, la misa causa los obliga a hacer un llamado de atención y exhortar al área de Mandamientos Judiciales de la FGJCDMEX, para que en cumplimiento de la Ley y en beneficio de la transparencia, se conozcan los motivos de la destitución del comandante Carlos flores como jefe de la Policía de Investigación (PDI), luego dela detención de Víctor ”N”, ex Director Jurídico de la cooperativa.
Asimismo, exponen, que otro caso que les llamó la atención fue también la destitución de otro jefe de la PDI, que la misma semana detuvo a Joel “N”, quien aseguran es “otro miembro del grupo que robaba cemento de la cooperativa”.
Señalan que las detenciones de ambas personas, no solo traen justicia a la cooperativa “que por más de tres décadas fue explotada por los miembros de la familia Álvarez Garcés, sino que brinda real esperanza a todos aquellos que en el pasado han sido víctimas de la impunidad”.
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Y dicen que ello es tan relevante, que se vuelve necesario que haya pulcritud en el proceso, “y que en todo momento se reconozca, no solo el ejercicio legítimo de la autoridad competente, sino el apego íntegro a derecho de quienes ejecutaron su mandato.