Quien incurra en violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral 2021-2022 de renovación a la gubernatura será sancionado. Va desde perder el registro de candidatura hasta la reducción del 50 por ciento de financiamiento público sise trata de un partido político.

Según la guía ABC para identificar este tipo de violencia podrían sufrirla aspirantes a cualquier cargo de elección popular; precandidata o candidata a un puesto de elección popular; funcionaria electa o designada a un cargo público; mujer en el ejercicio del sufragio.

Así también militante o simpatizante de algún partido político, funcionaria electoral o de casilla o ciudadana en pleno ejercicio de la función pública.

“La violencia política en razón de género es cuando se ejerce en contra de una mujer solo por ser mujer, tiene por objeto obstaculizar el libre ejercicio de su ciudadanía y el goce de sus derechos político electorales, es decir, impedir su participación en los asuntos públicos y políticos de su comunidad, estado o país”.

Esta puede ser ejercida por una persona o un conjunto de ellas, como puede ser un partido político, aspirante, precandidato, precandidata, candidata, bajo las siglas de un partido o independiente a cualquier cargo de elección popular.

También por un ciudadano, ciudadana, un afiliado, afiliada, cualquier persona física o moral, observador u observadora electoral o las organizaciones de observadores, algún servidor público, notaria pública, extranjeros, concesionarios de medios de comunicación, organizaciones ciudadanas, dirigentes de partidos políticos, ministros de cualquier culto religioso.

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La mujer que sea agredida podrá denunciar en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. También hay otras instancias alas que puede recurrir como el Tribunal Electoral, el Centro de Justicia para las Mujeres, Procuraduría General de Justicia, Instituto Hidalguense de las Mujeres o la Comisión de Derechos Humanos estatal.