El juez Tercero de Distrito de Hidalgo, Fredy Francisco, Aguilar Pérez, concedió el amparo indirecto contra la resolución de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del estado en la que ordenó a la empresa Comuni Park S.A. de C.V. pagar una multa de 216 millones por la operación irregular de los parquímetros durante cinco años.

En la resolución emitida el pasado 30 de junio, el juzgador federal determinó que fue procedente el recurso de amparo indirecto por la empresa que operaba los parquímetros en Pachuca, por lo cual deja sin efectos el pago de la pena interpuesta por el tribunal de justicia administrativa.

Desde el 30 de junio del año pasado la empresa Comuni Park a través de su representante legal, Josefa Betancourt Pérez, promovió un incidente de nulidad contra la resolución del órgano judicial administrativo local, sin embargo, el mismo fue desechado en su momento.

Ante los intentos fallidos de recursos de revisión, la empresa promovió un amparo indirecto, mismo que fue aceptado por la Justicia Federal, con lo cual en este momento la empresa no estás obligada a pagar la pena establecida por el tribunal administrativo local.

La empresa Comuni Park fue la responsable de la instalación de los parquímetros en las principales calles del primer cuadro de Pachuca durante la administración de Eleazar García Sánchez desde 2015, mismos que generaron inconformidad por parte de los vecinos y organizaciones civiles.

En 2016, en el inicio de la administración de Yolanda Tellería Beltrán, se modificó el contrato que tenía el ayuntamiento con la empresa por diez años para que se incrementara el monto de ganancia para la alcaldía al 30 por ciento, no obstante, aumentaron las protestas ciudadanas en contra de los parquímetros.

Con el inicio de la gestión de Sergio Baños Rubio en 2020, el alcalde se comprometió concluir con el contrato con la empresa y en mayo de 2021 rescindió el contrato, debido a que su licencia de funcionamiento había vencido tres años atrás, no contaba con los permisos de uso de suelo, ni la construcción de planchas para los aparatos y modificación de banquetas, además del cobro irregular de cuatro millones de pesos que no entregó a la tesorería municipal.

Aunque en ese año se emitió la sentencia para pagar los 216 millones de pesos, la empresa no pagó ese momento y el director jurídico del ayuntamiento de Pachuca, Hugo Armando Reséndiz Vázquez, reconoció que ese monto es incobrable, debido a que la sociedad anónima no cuenta con los recursos económicos para su pago, pero pretenden recuperar algún activo en favor del municipio.