Se ampara Sosa contra orden de aprehensión

El asunto fue promovido ante el Primer Juzgado de Distrito de la Ciudad de México en materia penal

VERÓNICA ANGELES

  · viernes 31 de mayo de 2019

ARCHIVO. / OEM

La juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, otorgó un amparo a Gerardo Sosa Castelán, el pasado martes, por la presunta orden de aprehensión que la jueza Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, giró en su contra.

El amparo a Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), es provisional, en contra de actos privativos de libertad.

Solo procede si la orden de aprehensión no es por un delito grave.

El presidente del patronato universitario interpuso el amparo en contra de actos privativos de la libertad, así como de orden de citación el pasado 28 de mayo, el cual le fue concedido a cambio de una garantía por la cantidad de 51 mil pesos.

El asunto fue promovido ante el primer juzgado de distrito de la Ciudad de México en materia penal, bajo el número de expediente 379/2019.

Se presume que la jueza Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar giró la orden de aprehensión en contra de Sosa Castelán.

Ante ello, la juez Primero de Distrito de Amparo en Material Penal en la CDMX ordenó admitir la demanda, así como tramitar el incidente de suspensión. De igual forma, se fijó hora y fecha para audiencia constitucional para el 21 de junio, a las 9:40 horas.

También se tramitó incidente de suspensión. Se ordenó la solicitud de informe previo y se señala fecha y hora para la audiencia incidental para el 5 de junio, a las 9:45 horas, al tiempo que se concede suspensión provisional.

Por lo menos es la cuarta ocasión que Gerardo Sosa Castelán promueve amparos para no ser detenido, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, congelara las cuentas bancarias de la Universidad, en marzo pasado, por presunto lavado de dinero.

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