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TULA DE ALLENDE, Hgo.- Un nuevo intento de la disidencia de tomar la planta de Hidalgo de la cementera La Cruz Azul fue frustrado ayer martes, y el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Federico Sarabia Pozo, denunció que un grupo de élite integrado por 600 personas, de cinco sindicatos, fueron contratados para asaltar la fábrica y la amenaza persiste, por lo que pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar una tragedia.
En conferencia de prensa, Federico Sarabia denunció que los ataques del grupo disidente para tomar la planta han ido creciendo en violencia.
Y para el intento de asalto que orquestaron la madrugada de ayer martes 26 de julio, contrataron a integrantes de cinco sindicatos, que enviaron grupos que usan armamento pesado, por lo que agradeció que la policía estatal los haya contenido y evitado una masacre.
Explicó que fueron advertidos desde hace dos semanas que los disidentes hicieron acuerdos con los líderes sindicales para que les ayudarán a tomar la fábrica, ofreciendo darles los trabajos que anteriormente realizaban diversas empresas del núcleo cooperativo.
Respecto al intento de ataque de la madrugada de ayer, Sarabia Pozo explicó que el reporte que les dieron diversas corporaciones policiacas, entre ellas la Secretará de Seguridad Pública de Hidalgo y la policía privada que contrataron, es que fueron alrededor de 600 personas las que fueron trasladadas ayer en 11 camiones y vehículos entre taxis y automóviles particulares desde la Ciudad de México.
Explicó que las personas que los disidentes trajeron para agredirlos en abril pasado eran jóvenes inexpertos que venían drogados y que fueron contratados para vandalizar, pero el grupo que vino ayer, se notó que tienen más experiencia y armas más sofisticadas y de mayor poder. Lo que se notó, dijo, con los daños que hicieron a vehículos particulares.
Mostró fotografías de particulares y algunos del grupo que les da seguridad privada a la planta de Hidalgo, que los estaban monitoreando, los cuales les propinaron disparos de grueso calibre al circular sobre la autopista México-Querétaro, y dijo que a uno lo vandalizaron y lo volcaron, situación de la que fueron enterados los gobiernos de Hidalgo y federal, y por ello les brindaron apoyo y no los dejaron llegar hasta ciudad cooperativa.
Federico Sarabia acusó que el asunto es que los disidentes están totalmente fuera de lo legal y buscan hacerse del control de la planta que es la fábrica insignia, por la fuerza.
“Porque por los amparos que tenemos no pueden tomar posesión de la planta legalmente. Tienen que hacerlo, quieren hacerlo vía grupos de choque, grupos de elite. Estos que venían ayer, era un grupo de élite, con armamento pesado que si llegan a usar en el momento en que las familias estaban protegiendo los accesos hubiera sido una masacre”, dijo.
Insistió en que la información que les dieron fue “van a querer tomar la planta de manera violenta, porque no tienen otra manera de hacerlo. No pueden.”
Y destacó que los disidentes siguen difundiendo rumores de que regresarían hoy o en días subsecuentes lo que no duda porque tienen capital para hacerlo e invierten millones para seguir molestando y generando psicosis para que la gente se canse.
El representante cooperativista solicitó la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para salvaguardar la vida de la población y exhortó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que implemente operativos que impidan que grupos de sicarios contratados salgan de la capital de país.
Asimismo, señalaron que un reflejo de la impunidad con las que diversas autoridades permiten que se muevan el grupo de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, es la contratación pública y sin consecuencias de grupos de choque y sicarios, equipados con armas de alto poder, para enfrentar a familias que buscan mantener su patrimonio.
Al término de la conferencia informó que al menos 150 de las personas que fueron contratadas para atacar a los cooperativistas forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y la Construcción Lázaro Cárdenas, a quienes se les ofreció un pago de 500 a 600 pesos por persona.
