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Un total de casi dos millones de pesos pide la administración local de Tulancingo que se devuelva a las arcas municipales, cifra que además fue observada por la Contraloría del Estado de Hidalgo, correspondiente a una bonificación bajo concepto de aguinaldo que la junta de cabildo aprobó en el último año del gobierno encabezado por el priista Fernando Pérez Rodríguez en 2020.
De acuerdo con el contralor municipal, José Salvador González Cruz, ese saldo no debió dispersarse, por lo que corresponde a los 17 ahora ex regidores que cobraron tal bonificación, regresarla al gobierno de Tulancingo; mientras que uno de los involucrados, ex edil opositor en el periodo 2016-2020 y hoy síndico electo del próximo gobierno, asegura que tal diligencia se ejecutó apegada a derecho.
En seguimiento a la instrucción estatal, la investigación CMTB/JSGC/JUR/024/2022 se inició el 30 de junio de 2022, dos meses antes de la entrada de la administración estatal actual, ordenada por la Dirección General de Combate a la Corrupción de la Contraloría de la entidad. El monto observado fue de 1 millón 955 mil 901 pesos.
En ese sentido, la actual administración a través de la Contraloría, compartió que, en el marco previo al cambio de gobierno municipal, sale a flote tal pendiente cuya audiencia estaba programada para el 04 de junio de este año, sin embargo, los ex regidores no se presentaron al acogerse a un “amparo”. González Cruz refirió que el posicionamiento de la administración actual es solicitar la devolución total de dicha bonificación.
“Nuestro presidente (Jorge Márquez Alvarado q.e.p.d.) nos instruyó que se pida la devolución completa porque eso no lo debieron haber autorizado, lo autorizó el cabildo y después lo cobraron (...) si ellos están aplazando yo creo que no están en la disposición de decir inmediatamente ‘aquí está el dinero’”, expresó el contralor. Expuso que la devolución fue solicitada por la Contraloría del Gobierno de Hidalgo, aunque sí señaló que no todos los regidores recibieron el bono.
Una de las personas que no está en la lista de los que desertaron es Hiram Soto Márquez, ex regidor de la asamblea de Fernando Pérez y próximo síndico del primer gobierno morenista que habrá en este municipio.
Él justifica que, en aquel momento, específicamente el 18 de diciembre de 2019, día que se autorizó en cabildo dicha bonificación como parte del Presupuesto de Egresos para el año siguiente, se acordó unánimemente destinar 1.8 millones de pesos del erario para un “aguinaldo” que se repartió entre los 22 integrantes de la asamblea, entre ellos el ex edil.
Apegado a derecho, Soto ve motivaciones políticas para la solicitud del gobierno municipal actual, ya que según mencionó, este saldo se autorizó igualmente en los tres años anteriores a 2019 sin que hubiera repercusiones.
“Es una observación efectivamente de la contraloría de Omar Fayad, de una auditoría que se inició en 2021 (...) he de decir que ese bono constituye un ingreso como servidor público debidamente autorizado por la Constitución, establece que esa remuneración debe estar en los Presupuestos de Egresos correspondientes”, señala el síndico electo.
Al tratarse de un bono que se entregaba anualmente con efectos de aguinaldo, “no eran sujetos a comprobación”, además, de acuerdo con la ley para el Estado de Hidalgo de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, “los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos”, según lo establece el artículo 31.
En efecto, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, contempla un saldo de 1 millón 856 mil 120 pesos en la partida 154004 (99 mil 781 pesos menos que lo observado por la Contraloría), bajo concepto de “otros bonos o prestaciones”, ya que el tabulador del Congreso estatal no consideraba al “aguinaldo” como partida de asignación presupuestal.
Al considerar tal cifra, cada uno de los 22 integrantes de la junta de cabildo, incluyendo a los 19 regidores, dos síndicos y el alcalde, habrían recibido 84 mil 369 pesos como bono de aguinaldo en ese año.
Respecto a la politización del caso, Soto Márquez insistió en que la Contraloría del anterior gobierno estatal fue la que ordenó la investigación, en “contubernio entre el contralor municipal actual y funcionarios de la contraloría del Estado de aquellos tiempos para observar esta partida”, señaló.
Por otro lado, indicó que en el desarrollo de la investigación, el Ayuntamiento tulancinguense ha caído en contradicciones al momento de presentar sus argumentos, pues aunque sí reconoce que los regidores tienen derecho a bonificaciones por el ejercicio de su labor siempre y cuando esté presupuestado, no reconoce la partida a la cual asignaron el bono del 2020.
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Finalmente, sentencia que la Contraloría municipal “no realizó una investigación objetiva, imparcial. Porque se establece por una parte que hay responsabilidad de quienes aprobaron esta partida (...), fue aprobada por unanimidad y resulta que solo pretenden imponer una responsabilidad administrativa a 18, en el cabildo éramos 22”
Y agrega que “no incluyen al presidente municipal Fernando Pérez Rodríguez, no incluyen a (los regidores) Juana Cruz Islas, a Erika Solano y tampoco a Fernando Lemús, que estaban el día que se aprobó (...) se dejan afuera a muchos actores, por eso digo que es una investigación sesgada, politizada, carente de fundamento”
Con un recurso de reclamación que promovió para su defensa, mismo que la contraloría municipal alegó ser la causante de la suspensión de la investigación, corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial estatal, definir si los casi 2 millones de pesos se devuelven al Ayuntamiento o no.
Hasta el momento y a voz de Hiram Soto, la Contraloría no le ha requerido oficialmente o vía documental, una devolución formal, tal cual lo pretende el gobierno que, hasta el pasado 30 de mayo, encabezó Jorge Márquez Alvarado.
