El SIPINNA de Tulancingo, a partir del miércoles seis y hasta el 15 de julio, realizará por lo menos 200 consultas a igual número de menores de edad, para que sirva como base de un diagnóstico y con ello elaborar el programa municipal para la Protección de Niños, niñas y adolescentes del municipio.
¿Cuáles consideras que son los problemas que más afectan a la niñez y adolescentes en Tulancingo? ¿Qué pedirías al gobierno que hiciera para prevenir y eliminar estas problemáticas?, son las dos preguntas que considera esta consulta que será de manera presencial y de manera digital, a través del link https://ninezlibredeviolencia.org/pronapinna-tulancingo/, informó la secretaria Ejecutiva del SIPINNA municipal Emma San Agustín Lemus.
En esta encuesta participan de 6 a 17 años y se van aplicar por las diferentes áreas que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el centro de la ciudad, escuelas a través de la coordinación con la Subdirección de Servicios Regionales de la SEPH.
Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, dijo, San Agustín Lemus se revisarán y evaluarán para obtener una estadística y los resultados se presentarán en una sesión en el Sistema, diagnóstico que está contemplado para la propuesta del programa municipal.
En esta encuesta también están considerados los niños y niñas de las comunidades indígenas que tiene Tulancingo, “a través de la oficina de Pueblos indígenas y de la regidora de la comisión, para poder hacer la traducción a lengua materna”, indicó.
Esperan que esta consulta que realizan en coordinación con la asociación civil World Vision pueda integrar mínimo 200 opiniones de niños, comentó Emma San Agustín, ” pero esperamos lograr realizar 350 encuestas, pero entre más datos que obtengamos, mejor va ser el diagnóstico sobre la situación”.
Finalmente, reiteró que esta es la continuidad al trabajo que realizan desde días atrás con grupos focales personal de Seguridad Pública, Salud, docentes y servidores públicos que tienen que ver con este sector de la población, “conocer los protocolos de actuación y saber si conocían las áreas a dónde tienen que ser canalizados cuando exista la vulneración de derechos de un menor”.