De las cuatro mil 469 personas privadas de su libertad en Centros de Reinserción Social (Cereso) en Hidalgo, 320 son mujeres, las cuales representan el 7.16 por ciento de la población penitenciaria. Cien de ellas ya fueron procesadas y otras 24 recibieron una sentencia.
Estas mujeres están tras las rejas, resguardadas por incontables candados y eso les lleva a vivir bajo intenso estrés, además de preocupación por no poder ver a sus hijos y lo peor es que carecen de un ingreso económico con el que puedan ayudar a su familia que las espera afuera.
Detrás de los muros de las cárceles la libertad está muy lejos incluso de sus sueños.
Una de las 36 mujeres del Cereso de Tulancingo, explica que antes de la pandemia por Covid-19, por lo menos nueve podían salir a caminar entre pasillos por algunas horas y realizar sus labores de comercio de comida o en los diferentes oficios que se llevan a cabo en el penal, como la carpintería, lo cual les permitía tener un ingreso. Pero hoy las cosas cambiaron.
“No es justo que violen nuestros derechos, incluso dejamos de recibir visitas. Es lo más feo en todos los años que llevo en el Cereso, que no nos permitan salir de esta doble prisión que se llama “área femenil”, pero es otra cárcel no solo con la puerta que nos divide de las canchas y de todos los demás, sino tenemos una prisión mental porque estamos limitadas en muchas cosas, y llenas de preocupaciones y donde el estrés y la ansiedad está al borde”.
La entrevistada -quien pide anonimato por temor a represalias- dice estar enterada de que en el Centro de Readaptación Social de Tulancingo ya no hay casos de Covid-19. Algunos internos y custodios se enfermaron hace meses, pero ya no hay más contagios.
Por ello pregunta: “¿Qué están esperando para dejarnos ganar unos pesos con nuestras ventas? Parece que igual es un delito ser mujer, ya estamos pagando los errores al estar tras las rejas, pero esto es una pesadilla”.
De las 320 presas en cárceles del estado, 96 fueron ingresadas por el presunto delito de homicidio; 81 por asalto; 67 por secuestro; 13 por robo y 10 por homicidio en grado de tentativa, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
Y 15 de esas mujeres son de origen indígena, a las que nuestra entrevistada también hace referencia al señalar que cuando ingresaron a la cárcel no hablaban español. Tuvieron que aprender a ser bilingües para subsistir en un ambiente donde la lucha por la supervivencia es diaria. Dejaron a un lado su lengua materna para entender el idioma de los centros penitenciarios.
