La mañana de hoy miércoles 16 de agosto, la síndica jurídica de Tepeapulco, Martina Elvia García Arteaga, informó a El Sol de Hidalgo que, con un documento firmado por el secretario general municipal y la titular de la Contraloría Interna Municipal, se le notificó e impidió el acceso a su oficina, acto que calificó como una represalia a que, ella, junto con siete regidores más iniciaron una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa Marisol Arteaga, por la compra y donación del terreno para el Banco del Bienestar.
Según el documento que mostró a este diario se lee: “Derivado de un procedimiento administrativo número PARA/001/20023, que se instaura en contra de M.E.G.A. se inhabilitó al titular de esta área con fundamento en los artículos 98 Fracción VII 105 y 106; de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Esta oficina permanecerá cerrada para el resguardo y conservación de los bienes del área”.
¿Por qué inhabilitaron a la síndica jurídica?
Respecto al oficio firmado al calce por el secretario municipal Zamná Zamora y la contralora Karen Monserrat Beltrán, la munícipe, indicó que la inhabilitación por tres meses ocurrió debido a que supuestamente no legalizó un listado de bienes, propiedad del municipio, cuyo documento no le fue entregado, por lo que afirmó, se trata de un acto de hostigamiento y violencia política.
La munícipe, afirmó a este diario que desde 2021 ha sufrido acoso por parte no solo de la presidenta Marisol Ortega, sino “de la estructura municipal” para favorecer distintos proyectos políticos, el más reciente, acusó, la compra y donación del predio para el Banco del Bienestar.
Refirió que, aunque el pasado martes 8, durante la sesión extraordinaria número 89, ella junto con dos regidoras más dieron su voto con el que se aprobó por mayoría calificada la donación del terreno para el Banco del Bienestar el proceso jurídico que inició por “Uso ilícito de atribuciones y facultades” ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo contra la alcaldesa, continúa.
Sin embargo, afirmó, este no es el único proceso que han iniciado contra la presidenta municipal, ya que desde 2021, se han emprendido diversos procedimientos legales que tienen que ver con rubros señaló que en 2022, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, le solicitó que en su carácter de síndica jurídica iniciara un procedimiento relativo a una obra que se realizó en la calle 18 e marzo, por 2 millones de pesos y en otro orden de ideas, procedimientos internos que tienen que ver con el cierre de la gasolinería municipal, actos por los que, afirmó, ha sido perseguida “por toda la estructura municipal”.
Por último, afirmó que se reuniría con un grupo de abogados para iniciar un nuevo proceso legal, que tendría que ver con lo que afirmó se trata de una inhabilitación improcedente, así como por violencia política.
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