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La Dirección de Ecología en Tepeapulco, despliega un operativo para vigilar que las empresas que se ubican en la zona urbana del municipio no ocasionen contaminación auditiva. Hasta el momento, el total de las cerca de diez empresas en las que se ha llevado a cabo el dispositivo, sean realizado observaciones por lo que deberán realizar adecuaciones a fin de que no sean amonestadas.
Anabel Leones, titular del organismo municipal, indicó que, la también denominada contaminación acústica, tiene que ver con la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, indistintamente del aparato o fuente que cause el sonido, y que implique molestia, riesgo o daño para quienes viven en torno a, y que estos a su vez, dijo, afecten el desarrollo de sus actividades.
Puntualizó que este dispositivo no se lleva a cabo en la zona industrial, debido a que esta área está especialmente designada para procedimientos a gran escala; sin embargo, precisó sí para las que se ubican dentro de la mancha urbana.
Explicó que existe un tabulador en el que se pautan los decibeles máximos permitidos para la operación de una empresa y que estos se determinan dependiendo del giro y horario de funcionamiento.
“Por ejemplo, en exteriores de zonas residenciales, el máximo legal de ruido de 6 a 22 horas es de 55 decibeles, y de 22 a 6 horas, de 50; en exteriores de escuelas y áreas de juego es de 55 decibeles”.
Detalló que el decibel, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora, o tensión y potencia eléctrica, por lo que es a través de esta unidad que de valor que se determina si las empresas contaminan o no auditivamente.
En este sentido, dijo que, hasta el momento, las empresas supervisadas no cumplen al cien por ciento con los límites establecidos, esto debido a que hay áreas, sobre todo en las que se ubican motores u otros equipos donde el sonido es más fuerte, por lo que tendrán que realizar cambios en sus instalaciones, entre estos la colocación de páneles de goma, recubrimientos a motores entre otros.
Por último, detalló que una vez emitido el oficio con las especificaciones, las empresas contarán con treinta días para realizar los cambios pertinentes y de no ser así, serían acreedores a multas que parten de los 30 UMAs.
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