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Algunos deshuesaderos fueron tomados por sorpresa el pasado fin de semana con un operativo para el aseguramiento y revisión de un predio de venta de autopartes, donde participaron unidades y elementos del Ejército Mexicano, Seguridad Publica Municipal, Policía Estatal, Ministerio Público y Guardia Nacional
De acuerdo con información del área de comunicación social del gobierno municipal de Tulancingo, el objetivo del operativo fue “prevenir que se alteraran, destruyeran o desaparecieran objetos dentro del predio”.
“En cumplimiento del oficio NUC: 12-2024-14851 emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo la diligencia de aseguramiento y custodia del inmueble ubicado en la Carretera Tulancingo-Pachuca…”
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional, así como personal del Ministerio Público.
Debido a la cantidad de elementos participantes en el operativo, este llamó la atención a vecinos de la zona, así como a automovilistas que en ese momento circulaban por la zona.
Tras finalizar el operativo, los deshuesaderos quedaron bajo resguardo de corporaciones de seguridad pública.
Al respecto, el señor José Justino Pérez Vera propietario de un deshuesadero ubicado sobre bulevar Quetzalcóatl, en la colonia Santa María el Chico, declaró que la imagen de su negocio se vio afectada, al publicarse en distintos medios de comunicación la fachada del mismo, con sellos de clausura, aunque estos fueron colocados por la Procuraduría de la Defensa al Medio Ambiente.
“Fue un operativo sin previo aviso, donde se catearon vehículos, revisaron motores cajas y todo lo que contienen números; pero al salir sin novedad, se sacaron una fotografía afuera de mi negocio, que fue la que se publicó en los diarios, donde además se reforzó con el hecho de señalar que aquí se comercializaban partes de dudosa procedencia”, dijo en entrevista.
No obstante, Pérez Vera aclaró que su negocio no fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR), sino por una denuncia anónima que aseguraba que en el sitio se quemaban llantas, aunque señaló, sin evidencia alguna.
“Siempre hemos cumplido con el municipio, con el gobierno federal pagando los impuestos, y se me hace una injusticia que en mi negocio, donde no encontraron ninguna parte robada, lo tomen como referencia hacia el público de que aquí encontraron algo, estoy desconcertado por eso”, lamentó.
“Los sellos que me pusieron en mi zaguán fue por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente y nada más”.
El comerciante aseguró que acudió, junto con su abogado a liquidar la infracción ante el procurador del Media Ambiente en Pachuca y enseguida volvieron a abrir su negocio.
Finalmente, dijo que son 10 familias las que se sostienen de este negocio, que aseguró, se ha llevado en orden, con un historial bueno, limpio.
“Incluso cuando hacemos el trato directo con los clientes que nos venden los carros, haciendo la responsiva de ley y nosotros cumplimos con el gobierno federal al entregar esas facturas, para que esos vehículos se pueden comercializar en piezas y no tienen ningún reporte de robo”.
Pidió piso parejo, que se revise a todos los negocios de esta índole, pero no solo a los que se ubican en las inmediaciones del bulevar Quetzalcóatl, sino a todos en Tulancingo, en general.
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