Viable reintegrarse al Poder Judicial

Pero no sería factible para abatir rezagos en materias distintas: TEEH

JULIO HERNÁNDEZ

  · martes 9 de abril de 2019

María Luisa Oviedo Quezada: los tribunales electorales no sólo trabajan en comicios. / EDUARDO DE LA VEGA

Aunque es viable que los organismos jurisdiccionales electorales se reintegren al Poder Judicial estatal o federal, pues mantendrán su autonomía, no es factible que se dediquen a abatir el rezago en materias distintas, ya que hoy no solo trabajan en años electorales, sino también para garantizar posteriormente el desempeño y demás derechos que contrae un cargo popular.

Así lo planteó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), María Luisa Oviedo Quezada, en relación con la próxima reforma que prepara la Secretaría de Gobernación, dada a conocer el domingo anterior por senador Julio Menchaca, en cuanto a que por criterios de unicidad estos órganos jurisdiccionales vuelvan al Poder Judicial.

La juzgadora sostuvo que en 1991 estos tribunales electorales, tanto federal como estatales, eran parte del Poder Judicial, hasta las reformas de 2014, en que son desincorporados y el Senado nombra a sus integrantes a fin de la no intervención de gobernadores, pero hasta ahora sin contar con autonomía presupuestal.

Con la propuesta en puerta, comentó, sería inconveniente que los tribunales electorales se conviertan en salas que, además de lo electoral, atiendan asuntos distintos para abatir rezagos en la impartición de justicia, planteando que, de inicio, deberán excusarse cuando procesen en el fuero común a una persona de la que antes atendieron en lo electoral, o a la inversa.

Además, apuntó que ante nuevos derechos se amplió el tipo de juicios, como ahora el de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se interpone durante o posterior a una elección constitucional, razón por la que son órganos jurisdiccionales especializados en la materia electoral y los magistrados requieren experiencia.

Citó casos en que regidores no perciben dietas o aguinaldos por órdenes de un alcalde, acción controvertida por los agraviados.

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