Nayeli Mejía, quien sufrió un intento de extorsión a manos de tres sujetos y que la policía municipal podría estar en complicidad con ellos, denunció en el Ministerio Público, y pide que el gobierno del estado tome el control de la corporación o examine a cada oficial si está coludido con la delincuencia.
“Nos arrebataron nuestra tranquilidad”, es lo primero que dijo, y que debido a la inseguridad que percibe en el fraccionamiento Torres 3, invirtieron en su familia en tecnología para que haya evidencia en caso de que los presuntos delincuentes (dos hombres y una mujer) intenten algo más, al no lograr su objetivo de obtener dinero de forma ilegal.
Gracias a las cámaras de video que hay en donde vive, grabaciones que aportó como pruebas, se puede observar que los policías municipales y los sospechosos se “conocen”, como ella lo declaró en el MP de Tizayuca, donde no le querían iniciar la carpeta de investigación y tuvo que acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, le expidieron un documento y fue así como hay una investigación en curso, aunque desde septiembre no le informa la Policía de Investigación de la Procuraduría de Justicia estatal los avances, indicó.
Al observar que los extorsionadores y los policías municipales se trataron como “amigos”, consideró que el gobierno del estado debería tomar el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca y averiguar si los uniformados están “trabajando” para los delincuentes, hacer una “limpia”.
Al hacerle un recuento de su paso como diputada local, cargo que no concluyó, y que ahora como alcaldesa tampoco pretenden terminar porque aspira al Senado, opinó que Susana Araceli Ángeles Quezada incumple su responsabilidad con el pueblo que dice representar, empezando por el tema de la policía que tiene a su cargo desde el 2020.