El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González, fue acusado de discriminador y autoritario, por su homóloga Adela Pérez Espinoza, porque asevera, “fueron vulnerados sus derechos como ciudadana, como legisladora y también como presidente de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”.
Sostiene que por “simulación y olvido”, por parte de Baptista, no se reconocen las necesidades de los pueblos originarios de esta entidad, tal como lo mandata la sentencia judicial ST-JDC-76/2019, la que establece al Congreso de Hidalgo, “la obligatoriedad de la consulta previa, culturalmente adecuada, libre, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas, dentro del proceso de reforma legislativa ordenado en la sentencia del expediente TEEH-JDC-56/2018, al ser susceptible de afectarles directamente.
La diputada del PRI hizo un recuento cronológico de las veces que se acercó a la Junta de Gobierno, 14 y 19 de junio, solicitando una mesa de trabajo para de manera consensuada, se analizaran y definieran convocatorias, actividades, tiempos, recursos y mecanismos de consulta a las comunidades indígenas, sobre la reforma de sus derechos electorales.
Y como la mayoría de Morena organizó su propio foro, concluye las diputada que el Congreso no le ha comunicado a las comunidades indígenas el inicio del proceso legislativo citado, porque Baptista carece de objetivo claro, y ni siquiera ha buscado los medios idóneos para entablar comunicación con los pueblos indígenas.
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