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Se cumple el primer año del ataque en el que 23 mexicanos murieron en el Walmart de El Paso, Texas, sin que hasta el momento el responsable, Patrick Wood Crusius, haya recibido castigo ni el gobierno de Estados Unidos avance en el control de las armas.
Defensores de las víctimas expresaron en entrevista con El Sol de México su frustración porque autoridades estatales y federales prometieron leyes de control de armas para reducir la probabilidad de que más tiroteos masivos se presenten, pero no se ha hecho nada desde entonces.
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Las organizaciones Everytown for Gun Safety y sus redes de base: Moms Demand Action y Students Demand Action, demandaron al Gobierno mexicano que reclame “la inacción del presidente Donald Trump y los republicanos en el Senado, así como la necesidad de desarmar el odio”.
“La violencia armada se puede prevenir a través de leyes como la HR8, y la Ley de Verificación de Antecedentes Bipartidista de 2019, pero tristemente, esos proyectos se han enfrentado a la obstrucción de la Casa Blanca y el Senado, por ello, el Gobierno mexicano debe presionar para que la administración de Donald Trump haga algo para regular las armas en Estados Unidos”, afirmó la congresista paseña Verónica Escobar.
Agregó que contrario a lo que se cree, este no es un tema controvertido pues la gran mayoría de los estadounidenses quieren sentirse seguros en sus comunidades. “Quieren enviar a sus hijos a la escuela y no temer por sus vidas; la gran mayoría quiere entrar en un Walmart y no sentirse amenazado”, subrayó.
Escobar manifestó que los sobrevivientes del tiroteo del 3 de agosto de 2019 en El Paso todavía están lidiando con traumas físicos y mentales, así como con grandes facturas médicas.
“El contar la historia de El Paso traerá cambios, si no se logra en términos de legislación, se logrará en las urnas electorales. Entonces podremos tener una legislación sobre el control de las armas, por eso es importante no olvidar este suceso”, dijo.
Luego del tiroteo, México y Estados Unidos establecieron un grupo de trabajo binacional para combatir conjuntamente el tráfico de armas.
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Mauricio Ibarra Ponce de León, cónsul general de México en El Paso, afirmó a este diario que el ataque de hace un año demostró por qué al gobierno mexicano le interesa tanto trabajar en el tema de las armas, sobre todo en el tráfico ilegal hacia nuestro país. “Tendrán los estadounidenses el derecho a portar armas, pero lo que nosotros condenamos y seguiremos condenando es el tráfico ilegal de Estados Unidos a México”, dijo.
De acuerdo con el diplomático, ambas naciones han avanzado en el reforzamiento de las acciones en la frontera común para tratar de detener el flujo de armamento hacia México, que va a parar a manos del crimen organizado. “Lo que es bastante novedoso en esta estrategia binacional es que ahora están utilizando la red consular para que le demos seguimiento al trabajo de las agencias de procuración de justicia de EU y sepamos a ciencia cierta qué es lo que se está decomisando y cuánto se está decomisando”, afirmó Ibarra Ponce de León.
Para lograr abatir con éxito el tráfico de armas a nuestro país, es fundamental el intercambio rápido y oportuno de información esencial entre los servicios de inteligencia y la policía, no sólo entre los órganos de los Gobiernos locales y el federal, sino también de forma bilateral con Estados Unidos, según escribió el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en el último número de la Revista Mexicana de Política Exterior, dedicada al tráfico ilícito de armas a México.
El cónsul Ibarra Ponce de León afirmó que el ataque de Patrick Wood Crusius, un supremacista blanco de 21 años que viajó durante nueve horas para atentar “contra tantos mexicanos como fuera posible”, impactó de manera muy importante en la comunidad mexicana en esa ciudad fronteriza, que aún no logra reponerse del todo.
“La verdad es que ha sido un año difícil porque el impacto que tuvo este lamentable acto fue muy grande para la comunidad mexicana por diversas situaciones”, dijo.
Aunque reconoció que el jucio a Crusius, quien podría enfrentar la pena de muerte por el ataque, ha sido más lento de lo previsto por la pendemia de Covid-19, confió en que la justicia para las víctimas y sus familiares llegue.
Entre tanto, informó que para que no se olvide un atentado como este, por instrucción del canciller Marcelo Ebrard, el consulado develará, este lunes, una placa con el nombre de las 23 víctimas mexicanas fallecidas en el ataque y continuarán cooperando con las autoridades estadounidenses en lo que se requiera para hacerse justicia.
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