En promedio, 12 funcionarios públicos son denunciados cada día en el país por delitos que van desde corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos, entre otros, pero sólo una mínima parte de ellos son detenidos y vinculados a proceso, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según los datos, entre enero y septiembre pasado, un total de tres mil 359 funcionarios de todos los niveles fueron denunciados penalmente, lo que significa un promedio diario de 12, de los cuales 817, es decir 24 por ciento, sucedieron en la Ciudad de México, lo que convierte a la capital en la entidad de la República con más servidores públicos señalados.
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A la CdMx le siguen el Estado de México con al menos 435 denuncias, en los primeros nueve meses del año; Guanajuato con 163, Morelos con 102 y Veracruz con 101 denuncias.
Por el contrario, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas y Querétaro son los estados en los que menos servidores públicos han sido acusados este año.
Los delitos más señalados son corrupción, abuso de autoridad, así como desvío de recursos y uso ilícito de servicio público, en el cual —de acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal—, un servidor público ejerce las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales.
En menor número aparecen otros ilícitos cometidos por funcionarios, como delincuencia organizada, secuestro, tortura y desapariciones forzadas.
Pese al cúmulo de denuncias, este año sólo 53 servidores públicos federales, estatales y municipales han sido detenidos y vinculados a proceso tras acreditarles el delito.
Entre los casos más recientes está el de Homero N, quien se desempeñaba como coordinador administrativo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y operaba financieramente para el fiscal Uriel Carmona Gándara. El señalado fue detenido el pasado 31 de octubre acusado de ejercicio abusivo de funciones, delitos cometidos por servidores públicos y coalición en contra de los trabajadores de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Otra de las detenciones que se llevaron a cabo este año fue la del exjefe de Diconsa en Guanajuato, José Elías N, por su probable responsabilidad en el delito de desvío de 10 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El exfuncionario federal se desempeñó como jefe de almacén de Diconsa y estaría involucrado en la simulación de la adquisición de siete mil 800 toneladas de azúcar.
De acuerdo con información de la Función Pública, únicamente en el primer semestre del año, 951 servidores públicos fueron sancionados por faltas administrativas, de los cuales 379 fueron inhabilitados, 331 suspendidos, 192 amonestados y 40 destituidos. Además, se aplicaron nueve sanciones económicas por un monto de 690 mil pesos.
Para Juan Carlos Ramírez, abogado penalista, la gran mayoría de los expedientes abiertos contra funcionarios municipales, estatales o federales quedan impunes al no demostrarse su participación en los hechos denunciados.
“No es sólo presentar la denuncia y esperar a ver qué sucede; hay que darle seguimiento, porque, de lo contrario, los ministerios públicos, que tienen tanta carga de trabajo, terminan por archivar esas denuncias, me atrevería a decir que entre 70 y 80 por ciento de las acusaciones contra servidores públicos terminan archivadas”, afirmó en entrevista con El Sol de México.
De acuerdo con el experto, mucho depende del cargo público o político que el funcionario ejerza, para que la denuncia prospere. “Sin duda, dependiendo la jerarquía del funcionario la denuncia prosperará o no, pues no es lo mismo acusar al policía del crucero de la esquina que te pidió 50 pesos, que a un asesor de un alcalde, por ejemplo. Esta denuncia seguramente no prosperará”, afirmó.
Según Ramírez, muchas de las demandas son desechadas también porque desde un inicio estuvieron mal hechas, pues no todos los agentes del ministerio público cuentan con abogados penalistas, cuando forzosamente tendrían que tener esta especialidad quienes integren la denuncia; de lo contrario, únicamente se presentan relatorías de hechos que no son bien sustentadas y, por consiguiente, serán desechadas.
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 92.4 por ciento de los delitos cometidos durante 2022 no fueron denunciados o las autoridades no iniciaron una carpeta de investigación. Esa cifra negra fue ligeramente inferior a la del año anterior.
El año pasado se reportaron 26.8 millones de delitos en el país y entre los principales motivos para no presentar una querella ante el ministerio público fueron por pérdida de tiempo, desconfianza y trámites largos y difíciles, en ese orden, todos atribuibles a las autoridades.
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