Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, pagó este martes la fianza de 150 mil libras esterlinas ante la Corte de Magistrados de Westminster de Londres para estar libre mientras se realiza el proceso de extradición que demanda el Gobierno de México.
Macías estuvo acompañada por uno de sus abogados y no dio declaraciones a la prensa reunida afuera de la Corte.
En un comunicado, el abogado Marco Antonio del Toro acusó que se violaron los derechos humanos de su defendida y enfrentará en libertad la solicitud de extradición que deriva de una “ilegal orden de aprehensión”.
El abogado precisó que la justicia inglesa le impuso como condiciones para poder enfrentar en libertad el procedimiento de extradición que realice presentaciones ante la autoridad de manera sistemática, que no se ausente del país y el pago de una fianza de 150 mil libras.
“En suma, se le concedió la libertad con requisitos por satisfacer. Eso fue exacta y precisamente lo que esta defensa informó a los medios de comunicación, por lo que extraña que un diario haya afirmado que se dio una información errónea por parte de esta firma”, expresó.
Tras su detención el pasado 29 de octubre, precisó que fue el 4 de noviembre cuando la familia y amigos estuvieron finalmente en condiciones de reunir las cantidades y cubrir la fianza.
Explicó que tras el pago de la fianza sigue el procedimiento de extradición en el Reino Unido, “mismo que se estima no resistirá la defensa consistente en que la orden de aprehensión fue librada de manera absolutamente ilegal, en el marco de una brutal persecución de la que la hicieron víctima”.
El defensor detalló que se llegó al extremo de obtener la declaración más relevante en contra de la señora Macías con tortura. “No cabe ni duda alguna que estamos ante un asunto lleno de atropellos a los derechos más fundamentales en el marco de una persecución que dio incluso lugar a forzar la entrega de su esposo a cambio de no afectar a su familia”.
Por lo anterior, Del Toro dijo que se respeta el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instituciones que están haciendo lo que por ley corresponde y que son ajenas a las conductas indebidas de autoridades veracruzanas que entonces se valieron de sus cargos para generar un ánimo de linchamiento, a pesar de que en realidad fabricaron delitos en aras de concretar burdas finalidades políticas.
La Fiscalía General de la República pide la extradición tras una orden de aprehensión librada en mayo de 2018 por un juez del fuero común de Veracruz por un presunto fraude de 112 millones de pesos.
La denuncia refiere que los probables agravios que se señalan tuvieron lugar en 2011 y 2012, cuando por órdenes directas de la esposa de Duarte se simularon contratos de compra-venta con diversas empresas, que derivaron en fraude por un monto estimado en 112 millones 216 mil 820.36 pesos.
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