Una jueza federal programó para el próximo viernes 4 y lunes 7 de noviembre las audiencias intermedias de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, en las que se definirán si el exfuncionario enfrentará un juicio o logra un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República (FGR) por los casos AgroNitrogenados y Odebrecht.
La agenda de audiencias del Consejo de la Judicatura Federal indica que será el viernes 4 a las 10 de la mañana cuando se llevará a cabo la audiencia de la causa penal 211/2019, en la que se acusa a Lozoya por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, en el caso de la compra de la planta chatarra conocida como AgroNitrogenados.
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Por su parte quedó agendada para el lunes 7 a las 10 de la mañana la audiencia de la causa penal 261/2019 por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por los supuestos sobornos que Lozoya recibió por parte de la empresa Odebrecht para obtener contratos con el Gobierno Federal del sexenio pasado.
En abril de este año el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Reclusorio Norte, canceló las audiencias donde se iba a definir si Lozoya era acreedor al criterio de oportunidad en el caso Odebrecht y el acuerdo reparatorio de AgroNitrogenados, debido a que las negociaciones entre ambas partes seguían en pie.
No obstante, el 6 de junio de este año la Fiscalía General de la República informó que el exdirectivo de Pemex no ha cubierto la reparación de daño en ninguno de los dos casos, por lo que desmintió que éste haya recibido algún beneficio procesal a su favor.
Incluso informó que en el caso AgroNitrogenados “se le tienen embargados bienes sometidos a extinción de dominio”, por lo que señaló que el proceso en su contra se mantenía inamovible.
En respuesta la defensa legal del exfuncionario señaló al día siguiente que Lozoya “siempre ha manifestado su firme decisión de cubrir -íntegramente- los montos solicitados por las distintas autoridades”.
Tan es así que aseguró que en ambos casos estaban en negociaciones para pagar los montos que las propias víctimas habían solicitado y que “ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex”, que asciende a más de 10.7 millones de dólares para obtener un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad que le permitan regresar a la libertad.
“Esta defensa aclara que (Lozoya) se trata del funcionario de mayor nivel -de la administración anterior-, que se ha atrevido a denunciar los actos de corrupción del pasado”, aseguraron en su comunicado conjunto los abogados Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros.
“Así mismo, aportó datos de prueba que sostienen plenamente sus afirmaciones -se ha ejercido acción penal en contra de, por lo menos, tres personas involucradas en su denuncia-, y se ha comprometido a ratificar, cuantas veces sean necesarias, su denuncia ante los órganos jurisdiccionales”, agregó.
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante su conferencia de prensa de aquel martes que Pemex aún no había llegado a un acuerdo con Lozoya, y aunque aseguró que no conoce el monto que se debe pagar, sí dijo que éste deberá ser utilizado para ayudar a la gente más pobre.
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