La Fiscalía General de la República, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pidió la extradición del empresario Carlos Agustín Ahumada Kurtz por incumplir con contratos para el desazolve de drenaje en la entonces delegación de Gustavo A. Madero, así como de pavimentación de calles de Tláhuac, durante la administración del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
El día de ayer se dio a conocer que una juez de Argentina autorizó la solicitud de extradición de Ahumada, derivado de una orden de reaprehensión girada en su contra por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de fraude genérico y fraude genérico continuado, ambos del fuero común.
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¿Por qué se le acusa de fraude genérico?
De acuerdo con las investigaciones, para el caso del delito de fraude genérico se señala que en el año 2003 Ahumada, junto con otras personas, iniciaron una solicitud para desazolvar la red secundaria del drenaje en la entonces delegación de Gustavo A. Madero debido a que “ésta colapsaba en épocas de lluvia”.
“Para ello, a la cuenta de sus empresas, se les depositaron 31 millones 285 mil 163 pesos; sin embargo, no llevaron a cabo las obras públicas”, señaló la Fiscalía.
En ese año esta demarcación se encontraba justo en medio de la transición de los gobiernos de los delegados Joel Ortega Cuevas y Octavio Flores Millán, ambos del Partido de la Revolución Democrática. Hoy en día, mientras que el primero está señalado en el caso del desplome de la línea 12 del Metro, pues se desempeñó como director del Sistema de Transporte Colectivo durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el segundo desapareció de la escena política luego de su mandato.
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¿Por qué se le acusa de fraude genérico continuado?
Respecto al delito de fraude genérico continuado, las investigaciones establecieron que la empresa de Ahumada no realizó trabajos de pavimentación de la carpeta asfáltica, así como la conservación y mantenimiento de la misma en el perímetro de la delegación Tláhuac, entonces a cargo del delegado Francisco Martínez Rojo del mismo partido, “tras habérseles autorizado, en noviembre de 2002 dicho contrato, el cual se tenía que cumplir desde inicios de 2003 y finalizar en 2005”.
Sobre Martínez Rojo se puede recordar que al terminar su administración se fugó de la justicia, pues desde entonces se le acusó del presunto delito de fraude por 29 millones de pesos por el pago de materiales de construcción que nunca fueron entregados en relación con negocios celebrados con el propio Ahumada, lo que le llevó a ser aprehendido y llevado al reclusorio, aunque tiempo después salió en libertad para desempeñarse como secretario particular de su sucesora en Tláhuac, Fátima Medina.
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De acuerdo con la fiscalía, por estos ilícitos, en su momento, el empresario fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales pagó tres años, un mes y siete días en el Reclusorio Norte, por lo que su extradición será para que pagué el resto de su condena, que es de un año, 10 meses y 23 días.
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