La Cámara de Diputados en juicio de procedencia, determinó retirar el fuero constitucional al Fiscal General del estado de Morelos, Uriel Carmona, y proceder penalmente en su contra por los delitos de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Contra el Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La presidenta de la Cámara, Marcela Guerra, dio a conocer el veredicto del Pleno, quien resolvió con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, proceder penalmente en contra de Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, como consecuencia del procedimiento de Declaración de Procedencia, solicitado en su contra por el Agente del Ministerio Público de la Federación.
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Esto, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos Ejercicio Ilícito de Servicio Público previsto en el artículo 214 fracción I, Código Penal Federal y Contra el Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 139, fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La presidenta señaló que quedó expedita la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento en que lo determine contra Uriel Carmona Gándara, Fiscal de Morelos, por lo delitos antes señalados.
Lo anterior conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de acuerdo a lo establecido en el párrafo final del artículo 136, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la presente Declaración de Procedencia se remite al Congreso del Estado de Morelos para que en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda, a efecto de que ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado, sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador.
Destacó que así lo resolvió el martes la Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por votación de los diputados federales, presidente Jaime Humberto Pérez Bernabe; así como los secretarios Leonel Godoy Rangel; José Elías Lixa Abimerhi y Rubén Ignacio Moreira Valdez.
El abogado defensor, Gabriel Regino, acusó que hay diversas irregularidades en este proceso. “Yo acuso a la Sección Instructora de no haber atendido la petición que hicimos de que ustedes van a votar sobre hechos ya prescritos. Yo acuso a la Fiscalía General de la República y a esta unidad de terrorismo ante quien nos presentamos para pedir la prescripción del caso y nos contestó lo siguiente: lamentamos no poderle dar tramitación a su solicitud, porque usted no tiene ninguna calidad en esta carpeta, siendo que ellos pidieron el desafuero. Ese es el tamaño de irregularidad a la que nos estamos enfrentando”.
Se encaran FGR y abogado de Carmona
El abogado defensor de Uriel Carmona, Gabriel Alejandro Regino García, advirtió a los diputados que cometerían una injusticia y una aberración en contra del Fiscal de Morelos.
“Me encuentro ante esta soberanía, no solamente para ejercer el derecho constitucional de defensa que tiene el fiscal general del estado de Morelos, don Uriel Carmona Gándara, sino también para poner en su conocimiento de la gran atrocidad que está a punto de ser cometida a través de esta institución de la declaración de procedencia”.
Gabriel Regino recordó que desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco, se le pidió a la Fiscalía proceder –como habitualmente se hace– penalmente en contra la administración anterior, sin más pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas indecibles. Pero la investigación de un crimen no está basada única y exclusivamente en los ánimos políticos de venganza, sino en evidencias científicas y datos de prueba.
“Casualidad, no lo fue. Que ante la negativa del estado de Morelos de plegarse a un juego político que no le corresponde a las Fiscalías, de repente –fíjense nada más– apareció, en un correo interno de la Fiscalía General de la República, que no está al acceso de la opinión pública una denuncia anónima.
“Una denuncia anónima dirigida específicamente a la Unidad de Combate al Terrorismo, donde se señalaba al fiscal del estado de estar coaligado con organizaciones delictivas. Y saben qué, no encontraron nada. Tuvieron que recurrir a una persona que denunciara una cuestión casi administrativa, el tema de los exámenes de control de confianza.
“Esa cuestión tendría que haber sido investigada por otra unidad de la Fiscalía. Hay una Fiscalía para delitos cometidos por servidores públicos. ¿Quién integró esa nueva investigación? Esta Fiscalía que está aquí presente, de terrorismo”, acusó.
Lamentó que se le acusó al fiscal de haber asumido su cargo sin contar con los exámenes de control de confianza, lo cual es cierto, pero no es delito. Y no es delito porque la Constitución del Estado de Morelos no lo exige como requisito.
Hoy en día, el fiscal de Morelos cuenta con todas esas certificaciones que hizo a los dos meses de haber tomado el cargo de fiscal de Morelos. ¿Designó a su equipó? Sí. ¿Su equipo contaba con los exámenes? No, porque la Constitución estatal de Morelos no lo exigía, pero a pesar de ello y en cumplimiento a las disposiciones nacionales se hizo lo correspondiente, aclaró Gabriel Regino.
“Estamos, diputadas y diputados, ante una revancha política disfrazada de proceso parlamentario de declaración de procedencia. Si en Francia, en el siglo XIX, hubo conmoción por el caso de Alfred Dreyfus, cuando se conozca la verdad de lo que hay detrás de este embate y artera persecución contra un fiscal autónomo, la historia va a juzgarnos a todos, y lo digo por lo siguiente: porque, así como Émile Zola, dijo: J’accuse. Yo acuso a la Sección Instructora de no haber atendido la petición que hicimos de que ustedes van a votar sobre hechos ya prescritos”, mencionó.
“Yo acuso a la Fiscalía General de la República y a esta Unidad de Terrorismo, ante quienes nos presentamos para pedir la prescripción del caso y nos contestó lo siguiente: señor Uriel Carmona Gándara, lamentamos no poderle darle tramitación a su solicitud, porque usted no tiene ninguna calidad en esta carpeta, siendo que ellos pidieron el desafuero”.
“Ese es el tamaño de irregularidad a la que nos estamos enfrentando y lo que está a punto de suceder aquí es que se declare la procedencia para que este servidor público vuelva a enfrentar una retahíla de procesos”, indicó.
El abogado defensor dijo que hoy lo que está en debate no es solamente la dignidad y la inocencia de un servidor público, lo que está en riesgo es la democracia de este país y la autonomía de las instituciones y los órganos constitucionales autónomos.
“Que no se utilice a los diputados para acabar con los órganos constitucionales autónomos. El fiscal del estado de Morelos es inocente, no ha cometido ningún delito. Diputadas, diputados, en sus manos no solamente está su dignidad, sino la suerte que va a correr México en los siguientes años con fiscalías inclinadas e hincadas hacia el poder político y al poder punitivo”.
Por su parte, el representante denla Fiscalía General de la República, el fiscal Juan Gabriel Morales Hernández, mencionó que el 7 de mayo de 2020 se recibió una denuncia anónima en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Esa denuncia anónima generó que el 8 de mayo de 2020 se generara la carpeta de investigación con nomenclatura FED/SEIDO/UEITA-MOR/0000286/2020.
Advierte que específicamente en esa denuncia anónima lo que se señalaba era que el fiscal Uriel Carmona estaba cometiendo hechos posiblemente constitutivos de los delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas contra la salud y en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con esa denuncia anónima esta Fiscalía de la Federación inició la carpeta, de las que le he dado cuenta, y desde luego con las facultades que tiene la gente del Ministerio Público de la Federación inició la investigación correspondiente.
El Ministerio Público Federal acusa a Uriel Carmona de nombrar a diversos servidores públicos entre ellos a Juan Jesús Salazar Núñez, Pérez Avilés Héctor David, Chávez Carmona José Alejandro, Lulo Juan Zaida Janeth, Toledo Camacho Norma, fiscal especializada en representación para grupos vulnerables y asistencia social, y a Velázquez Luna Angélica Danaé, exsecretaria ejecutiva de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Esos nombramientos los había realizado sin que estas personas hubiesen cumplido específicamente sus exámenes de control de confianza, por lo que bajo esa tesitura la Fiscalía General de la República realizó diversos actos de investigación, específicamente al Centro de Evaluación y Control de Confianza.
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Estos hechos, constitutivos del delito de ejercicio ilícito del servicio público previsto y sancionado en el Código Penal Federal y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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