El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, anunció que el órgano que preside podría apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reducción presupuestal de más de cuatro mil millones de pesos aprobada por la Cámara de Diputados para 2023.
En sesión extraordinaria de este miércoles, en la que se aprobó el ajuste presupuestal para el próximo año, el consejero acusó a la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados de violar el mandamiento judicial del Máximo Tribunal del país el cual le ordenó en junio pasado justificar el recorte de 2022 y de los años posteriores, por lo que como se hizo con este año, ven probable apelar la reducción para 2023.
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“(La Cámara de Diputados) estaba obligada a hacer una motivación reforzada cada vez que aplicara un recorte al presupuesto solicitado por el INE (…) y perdón que lo diga, tampoco lo volvieron a hacer. No hay una justificación reforzada, tampoco en el presupuesto de 2023, por eso es muy probable que volvamos a ir otra vez a una controversia constitucional”, adelantó.
Aunque Lorenzo Córdova reconoció que la reducción presupuestal no va a lastimar el funcionamiento del INE dado que los recurso contemplados para una eventual consulta popular se utilizarán para cubrir las carencias, reiteró las intenciones de llevar el asunto a la Corte debido a que la Cámara de Diputados violó la Constitución.
Esto porque, explicó, el Poder Legislativo puede determinar cuánto presupuesto se le puede otorgar a un órgano autónomo, pero no tiene la facultad para decirle en qué gastar y en qué áreas recortar su presupuesto, algo que hizo cuando avaló la modificación el pasado el 8 de noviembre pasado.
A pesar de que el ajustes avalados a inicios del mes pasado fue de cuatro mil millones 475 millones de pesos, gracias a que no se solicitó la realización de una consulta popular, el INE tendrá “sólo” 450 millones de pesos menos de los 18 mil 463 millones solicitados originalmente para 2023.
Esto, a decir de la consejera Claudia Zavala, generará afectaciones en la renovación de infraestructura, en el uso de materiales de papelería y oficina, arrendamientos, estacionamientos, servicio telefónico y energía eléctrica, además de la falta de recursos para la elección extraordinaria de la senaduría vacante en Tamaulipas.
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