Emilio Lozoya Austin pasó su primera noche en la cárcel desde que fue extraditado de España. Ayer, el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza dictó prisión preventiva en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), involucrado en el caso Odebrecht.
La medida cautelar impuesta sobre quien fuera parte del equipo del expresidente Enrique Peña Nieto se da semanas después de que fuera captado cenando tranquilamente junto a otras personas en un restaurante de lujo ubicado en las Lomas de Chapultepec, imágenes que causaron revuelo en la opinión pública y pusieron en entredicho el actuar del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
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Lozoya Austin está acusado de los delitos de uso indebido de recursos públicos, cohecho y asociación delictuosa, que en conjunto ameritan una pena que va de los 12 a los 35 años de cárcel, si es que resulta culpable.
El juez aceptó el argumento de la Fiscalía General de la República (FGR), que ahora sí pidió la prisión preventiva contra Lozoya Austin al considerar que había un alto riesgo de que el exfuncionario se fugara. Agregó que el exfuncionario “cuenta con capacidad económica para salir del país y permanecer oculto” ya que tiene una cuenta de más de dos millones de euros en una empresa de la cual es accionista.
Zúñiga Mendoza accedió a la petición de la FGR y ordenó la inmediata aprehensión de Lozoya Austin, quien desde ayer quedó recluido dentro de la prisión y así lo estará todo lo que dure el proceso en su contra.
El juez pidió a la Fiscalía garantizar las medidas necesarias para la seguridad del exdirector de Pemex, dado que dentro de esa cárcel están otros acusados por él.
Durante la audiencia, que duró más de cinco horas, otro de los argumentos que vertió Zúñiga para dictarle prisión preventiva fue que el criterio de oportunidad, con el que Lozoya había evitado pisar la cárcel desde que fue extraditado de España, no se ha concretado, pues la Fiscalía no se lo ha otorgado.
Todos los argumentos fueron respaldados por un asesor jurídico de Pemex, en su calidad de afectado, y por un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien argumentó que el riesgo de fuga de Emilio Lozoya es más grande dado que han interpuesto diversas denuncias en su contra que podrían judicializarse en las próximas semanas.
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En su última declaración en libertad, Lozoya se defendió argumentando que hasta el momento ha cumplido con todas las medidas cautelares y que jamás ha huido del proceso en su contra, pues desde antes de que fuera girada una orden de aprehensión ya estaba en negociaciones del criterio de oportunidad. Acusó un “ambiente de persecución” mediática para afectarlo.
“La intención es que se conozca la verdad. La verdad no muchas veces le gusta a la gente. Hay muchos intereses… Hay medios de comunicación que recibieron toneladas de dinero que no les conviene que se sepa”, dijo.
Lozoya es señalado por presuntamente haber recibido más de 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht para sobornar a diversos funcionarios mexicanos, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque en esta ocasión aseguró nunca haber recibido dinero alguno mientras fue funcionario público.
Al salir de la audiencia, el abogado defensor Miguel Ontiveros, dijo que tanto Lozoya como su mamá, la señora Gilda Margarita Austin Solís, quien también está en proceso, confían en la justicia mexicana y en la lucha anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se dijo confiado de que su cliente pueda quedar de nuevo en libertad en cualquier momento.
“Vamos a interponer un recurso de apelación, porque se nos ha permitido y eso es a lo que tiene derecho la defensa. Desde diversos ámbitos hemos promovido amparos y en este caso promoveremos cualquier recurso, pero estamos convencidos que la vía es el acuerdo”, dijo.
La audiencia comenzó con la petición por parte de la defensa de Lozoya de una prórroga de 60 días más para la investigación complementaria, a fin de recibir los resultados de una solicitud hecha a autoridades brasileñas para conocer si sigue en vigencia un acuerdo de colaboración que pactó en aquel país Luis Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, quien señaló directamente a Lozoya.
El juez concedió sólo un mes más para la investigación complementaria, programando la última audiencia para el 3 de diciembre. Instó a la Fiscalía utilizar todos los recursos legales necesarios a fin de obtener ese dato de investigación.
Finalmente, respecto a las fotografías del exdirector de Pemex comiendo en un restaurante de lujo, el juez aseguró que las medidas cautelares impuestas por la FGR –que eran permanecer dentro del territorio nacional, usar brazalete electrónico y firmar cada 15 días–, no implicaban ninguna otra restricción, por lo que desechó pronunciarse al respecto.
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