Morena en el Senado pone “candados’’ de diez años a ex funcionarios con información privilegiada, para evitar conflicto de interés, en perjuicio del Estado y la sociedad.
El propósito evitar que se enriquezcan valiéndose de la información privilegiada a la que tuvieron acceso con motivo de su encargo, saltando y contratándose en la iniciativa privada, dijo el senador de Morena Salomón Jara, al presentar una iniciativa para reformar los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La propuesta incrementa a diez años el plazo de restricción establecido actualmente, añadiendo un nuevo supuesto fáctico que será aplicable exclusivamente a aquellos ex servidores públicos de áreas estratégicas que posean información de interés nacional y que pretendan beneficiarse o beneficiar a terceros a partir de esa información (artículo 56).
Respecto de las faltas de particulares en situación especial (artículo 72), la iniciativa establece que incurrirá en la conducta de contratación indebida -que ya se encuentra contemplada en la Ley de Responsabilidades Administrativas- el particular que, perteneciendo al mismo sector o área, contrate a quien haya sido servidor público en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas durante los diez años previos.
Cuando la información es oro
Los servidores públicos que no posean información estratégica o privilegiada y que, por ende, no pueden beneficiarse de manera ilegal, no enfrentan restricción alguna para contratarse en el sector privado.
“Aquellos ex servidores públicos que sí posean información podrán contratarse sin ningún problema en el sector privado siempre que sea en empresas que no formen parte del sector estratégico en el que se desarrollaron como funcionarios. De esta forma, lo que se garantiza es que la información sensible que poseen no sea el vínculo que los una en su nueva relación laboral o comercial”, puntualiza Jara Cruz.
Lo anterior, explica el legislador, es absolutamente congruente y consistente desde el punto de vista constitucional, ya que extender el plazo de prohibición para que los servidores públicos de sectores estratégicos que dejen el gobierno puedan contratarse con el sector privado, no pretende limitar el derecho al ejercicio profesional de cualquier persona.
Por el contrario, se lee en el documento, tal y como ya lo ha expresado el poder judicial de la federación con motivo de la restricción de un año que ya se encuentra vigente, el objetivo y fin legítimo, es el de garantizar que ciertos ex servidores públicos, no se ubiquen en una posición de ventaja derivada de la información que obtuvieron durante su estancia en el servicio público.
Ello, siempre que esto pudiera implicar una violación a los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad; y configurarse como un claro y abierto conflicto de interés, en perjuicio del Estado y la sociedad.
NO A CHAPULINES FIFÍ
“No más capitalismo de cuates, no más chapulines fifí, no más ex servidores públicos que generen riqueza personal y se beneficien o beneficien a sus amigos a partir del patrimonio de las y los mexicanos”, concluye el senador Salomón Jara Cruz en su iniciativa.
La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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