Los efectos de la crisis ya se sienten, incluso en el sector formal. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), abril podría cerrar con una baja de 744 mil 225 empleos formales. Los empleos que se pierden son sobre todo en los rangos salariales más bajos.
Ante esta situación, la constitución de un “ingreso único vital”, temporal y no condicionado, para las personas que tendrán una disminución en sus recursos al perder sus empleos por la emergencia sanitaria por Covid-19, buscan diputadas del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.
Las legisladoras Laura Angélica Rojas, Verónica Juárez, Lorena Villavicencio y Martha Tagle, respectivamente, proponen al Ejecutivo federal otorgar este ingreso único vital por un monto de 3 mil 746 pesos, por tres meses.
En un punto de acuerdo, plantean beneficiar a la población que se dedica al sector informal y a las personas que pierdan su empleo.
Consideran que las medidas de seguridad para contener la pandemia y proteger vidas, tiene efectos inmediatos en los ingresos laborales de las 55.5 millones de personas que estaban ocupadas a finales de 2019.
De estos 55.5 millones de personas habrá quienes conserven su empleo formal, quiénes lo pierdan. Alrededor del 16% de los hogares mexicanos reciben al menos el 50% de sus ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia: trabajo doméstico, comercio ambulante, pequeños negocios de servicios y o de las remesas.
Mencionan que el ingreso único vital reduciría los efectos negativos de la pandemia y aceleraría la reactivación económica. Además, es indispensable para que la emergencia no condene a la pobreza y a la vulnerabilidad a millones de hogares.
Sobre los recursos, señalan que tendrían como vía de implantación, el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, cuyo objetivo es mitigar los efectos adversos que circunstancias extraordinarias puedan tener sobre el bienestar de las familias y garantizar así “las condiciones mínimas para el bienestar integral”.
Las personas beneficiarias serían las que no cuenten con seguridad social ni sean ya beneficiarios de algún programa social. Se utilizaría la CURP de las y los solicitantes para corroborar su falta de derecho-habiencia y los registros de los programas sociales para identificar su condición.
Sostienen que al menos el 30% de los hogares mexicanos los jefatura una mujer que por condiciones de género tiene mayores desigualdades para acceder a ingresos, trabajan en la informalidad y en medio de la precariedad.
Además, el 74% del total de los empleados pertenece a poblaciones vulnerables: trabajadoras por cuenta propia; asalariadas sin contrato o por obra determinada.
Y consideran que invertir en esto, implica un costo perfectamente asequible para un país como el nuestro.
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