Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado aproboron la reforma al primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, tras un error del Congreso aprobado en 2015.
Dichas modificaciones ya fueron aprobadas en el Cámara de Diputados, mismas que fue remitidas a la cámara revisora y fue aprobada en comisiones.
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El secretario de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, José Narro Céspedes, argumentó que con esta reforma constitucional se pretende lograr una regulación coherente y armónica respecto al inicio de los primeros periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, así como en relación al ejercicio del cargo de los legisladores federales.
Cabe destacar que en 2015 se aprobó una reforma constitucional al que modificó las fechas de inicio del primer periodo de sesiones de cada año legislativo.
“Esa reforma que estuvo vigente por varios años, establecía que el primero de agosto en el año de la elección constitucional del Presidente de la República sería la fecha de inicio del primer periodo ordinario de sesiones. Lo anterior trajo como consecuencia el que existieran al mismo tiempo dos disposiciones jurídicas que se contraponían”, enfatizó.
Añadió que “fue una modificación que en todo caso debió haberse armonizado con otros artículos de la constitución y leyes secundarias; lo anterior no ocurrió. Hoy nos encontramos en una situación que pone en el camino una serie de inconsistencias en el trabajo legislativo federal de esa época.
“De acuerdo a lo que hoy plantea la Constitución, el primero de agosto de 2024 tomarían protesta los nuevos senadores de la República, mientras que los senadores que se encuentran actualmente en el cargo, aún tendrían un mes para concluir su periodo”.
Indicó que, los actos legislativos y jurídicos podrían ser impugnables, sobre todo hoy que la Corte está analizando con lupa cada acto que hace el poder legislativo.
Explicó que la inconsistencia se encuentra en quién tendría la validez constitucional para aprobar reformas y adiciones a los ordenamientos jurídicos, pues es quiénes acaban de tomar el cargo o quiénes están a punto de dejarlo.
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Por ello, resulta prioritario brindar legitimidad y certeza jurídica a los actos que emitirá la LXVI Legislatura Congreso de la Unión.
Esta reforma constitucional, aprobada el día de hoy, fortalece la autonomía del Poder Legislativo y armoniza en sus propios tiempos, sin estar sujeto a los tiempos del Ejecutivo Federal.
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