La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) derivado de la ejecución extrajudicial de cinco personas el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Luego de analizar la evidencia de los eventos, la CNDH acusó que cuatro elementos de la Sedena hicieron uso ilegítimo de armas de fuego y “privaron arbitrariamente de la vida” a cinco personas, las cuales habían sido detenidas minutos antes y se encontraban de rodillas ante un muro.
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“La CNDH pudo evidenciar que las cinco personas interceptadas por los elementos castrenses fueron víctimas de privación arbitraria de la vida a través del uso ilegítimo de armas de fuego por cuatro elementos militares, con lo cual transgredieron derechos constitucionales y los previstos en tratados internacionales”, aseguró el organismo independiente.
El hecho
El hecho se remonta tres meses cuando, luego de una aparente persecución, una camioneta se impactó contra un muro. Instantes después llegó un vehículo militar, del cual descendieron varios militares, quiénes se aproximaron al vehículo siniestrado bajando a sus pasajeros, así como aparentes armas.
El video de una cámara de vigilancia cerca pudo registrar que tras permanecer en el lugar un rato y aparentemente ser objeto de una agresión armada, los elementos se retiraron del lugar previamente asesinando a cuatro de los cinco sujetos que viajaban en la camioneta. Uno más murió en el hospital.
Al revisar la grabación también se pudo acreditar que los elementos de la Sedena colocaron armas en la proximidad de las personas asesinadas, dando a entender que su muerte había sido producto de un enfrentamiento directo y no de una ejecución.
En tanto a la FGR, la CNDH emitió la recomendación porque el perito responsable del análisis y elaboración de los dictámenes de mecánica de lesiones de las víctimas concluyó que existía correlación entre lo relatado en el informe de los elementos del Ejército y las lesiones presentadas por las víctimas, lo que finalmente resultó falso.
Con esta acción, acusó la Comisión, se “entorpeció el curso legal de la carpeta de investigación y por lo tanto, el acceso a la justicia para las víctimas directas y las indirectas que forman parte de sus núcleos familiares”.
Ante estos hechos, la CNDH ordenó a la Sedena reparar inmediatamente el daño ocasionado a las personas asesinadas y sus núcleos familiares, en particular a sus hijos, todos a los cuales se les debe brindar atención médica, psicológica y tanatológica necesaria.
La Defensa Nacional también deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación en curso en la FGR, y en la causa penal que se tramita en el fuero militar, al tiempo que deberá diseñar un plan de formación integral que incluya, además de valoraciones y acompañamientos psicológico para el personal que intervino en los hechos, cursos sobre el Manual de Uso de la Fuerza y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
La FGR, por su parte, tendrá que colaborar en el seguimiento de la denuncia que prevé presentar la CNDH en contra del perito para que se inicie un procedimiento judicial en su contra en el que se le investigue y sancione conforme a derecho.
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Aunado a las recomendaciones, en el proceso penal iniciado en el fuero militar se conoce que los 16 militares que participaron en los hechos fueron detenidos y se encuentran vinculados a proceso sujetos a prisión preventiva en el Campo Militar 1-A, de la Ciudad de México.
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