Rosa, una sobreviviente y testigo del tiroteo racista del 3 de agosto de 2019 en un Walmart de El Paso, Texas, en el que 23 mexicanos perdieron la vida y 23 más resultaron heridos, fue deportada de Estados Unidos hace un par de semanas, tras ser detenida por una infracción vial, provocando la molestia de defensores de migrantes quienes reprochan que la política de intolerancia hacia los indocumentados continúa a pesar de los cambios en la Casa Blanca.
La deportación de Rosa desató la indignación de diferentes sectores, en particular de la Diócesis Católica, que la apoyaba en el trámite para obtener una visa tipo U –de no inmigrante–, la cual se otorga a víctimas de crímenes que han sufrido abuso mental o físico y que colaboran con las autoridades para que se haga justicia.
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De acuerdo con Anna Hey, subdirectora de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados, y Supervisora de la Unidad de Sobrevivientes del Crimen, “Rosa es una sobreviviente de uno de los eventos más horribles que jamás haya tenido lugar en Estados Unidos, por lo que no puede ser deportada”, dijo en entrevista con El Sol de México.
La mañana del 3 de agosto de 2019, Patrick Wood Crusius, un supremacista blanco de 21 años, entró en el Walmart de El Paso y disparó con una escopeta contra la gente que estaba allí, en su mayoría mexicanos y latinos. Rosa y su hermana, según Hey, se encontraban en el estacionamiento del centro comercial ese día y fueron testigos del primer ataque que realizó Crusius antes de que entrara a la tienda.
Rosa, cuyo apellido ha pedido se omita por cuestiones de seguridad, nació en México, pero como muchos otros niños mexicanos, fue llevada a Estados Unidos por su papá desde que tenía 13 años, hace ya más de 20 años. Habla poco español y dice sentirse “extraña en un país al que quiere mucho (México), pero quizás no pueda acostumbrarse a vivir”.
“Quisiera que ellos, las autoridades estadounidenses, pudieran tener un poquito de compasión y dejarme regresar... Quiero que tengan compasión de mí, no entiendo porqué hacen esto con gente que solo buscamos una mejor vida y apoyar a los demás”, dijo en breve declaración para este medio con la esperanza de que el fallo de su caso le permita retornar.
El caso de Rosa ya escaló al Congreso estadounidense, desde donde la congresista Verónica Escobar, miembro del Comité Judicial de la Cámara, envió el 5 de febrero una carta al recién presidente instalado en la Casa Blanca, Joe Biden, instando a la revisión inmediata de las deportaciones injustas en todo Estados Unidos, incluido el de Rosa.
La congresista, en conjunto con 11 legisladores, pidió además, la promulgación de políticas que protejan de la deportación a las víctimas y testigos de delitos.
“Debido al desafío legal contra su moratoria de deportación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continúa actuando con la misma impunidad que ha tenido durante los últimos cuatro años bajo la administración Trump”, se lee en la carta.
“Un ejemplo terrible y trágico ocurrió el 29 de enero de 2021 cuando ICE deportó a Rosa a México después de que el Departamento de Policía de El Paso la detuviera debido a una luz de freno defectuosa y luego la arrestara por órdenes de tránsito pendientes de 2015”, continuaron.
Escobar defendió que Rosa ha vivido en Estados Unidos durante más de diez años y actualmente está solicitando el estatus de no inmigrante (Visa U) debido a que sobrevivió y fue testigo del ataque terrorista el 3 de agosto de 2019.
“Ese horrible tiroteo, que fue el ataque dirigido más mortífero contra los latinos en la historia moderna de Estados Unidos, cobró la vida de 23 personas, hirió a 23 y traumatizó a innumerables personas como Rosa”, continuó en el documento.
“La deportación la ha vuelto a traumatizar y ha arrojado luz sobre la horrible práctica de deportar inmigrantes víctimas y testigos de delitos. Le pedimos que revise de inmediato las deportaciones injustas como la de Rosa y creemos que debe promulgar políticas que protejan de la deportación a las víctimas y testigos de delitos”, señaló en la misiva.
Los legisladores concluyeron la carta compartiendo con el presidente Biden su creencia de que una revisión de ICE en toda la agencia “haría a nuestro país más seguro y restauraría los valores estadounidenses”, y expresaron su deseo de trabajar con él para poner fin a las deportaciones injustas y garantizar que las comunidades inmigrantes vulnerables estén protegidas.
Organizaciones de apoyo a migrantes como, Fundación Origen, por su parte, señalan que el caso de Rosa sólo demuestra que la intolerancia contra los indocumentados en Estados Unidos va más allá de quien llegue a la Casa Blanca, y en de cuantas promesas de campaña pueda existir.
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