El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría y al Banco del Bienestar dar a conocer la totalidad de recursos erogados entre 2018 y 2022 a los beneficiarios de programas sociales.
Correspondientes a dos recursos de revisión independientes, los comisionados del INAI instruyeron a la dependencia y a la institución entregar la información solicitada por los particulares, luego de que ambos entes obligados entregaron datos incompletos o se declararon incompetentes pese a contar con las herramientas necesarias para dar a conocer la información requerida.
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En el primer caso, presentado por la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, una persona solicitó a la Secretaría de Bienestar informarle cuánto dinero se ha entregado en programas sociales a través del Banco del Bienestar para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y hasta el 17 de mayo de 2022.
En respuesta, la dependencia detalló los programas que maneja, pero no los montos y sugirió a la persona solicitante presentar su petición al Banco del Bienestar, razón por la cual se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI.
Al analizar el caso, la ponencia constató que la dependencia cuenta con distintas unidades administrativas que pueden dar a conocer lo requerido, pero que no fueron consultadas, por lo que se concluyó que tanto la dependencia como el Banco del Bienestar son competentes para conocer cuánto dinero se ha entregado en programas sociales en los años referidos.
El segundo asunto, a cargo de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, el Banco del Bienestar se declaró incompetente para conocer el total de recursos públicos que fueron entregados a beneficiarios de programas sociales en el período referido, ya sea en efectivo, tarjeta u otro documento de valor monetario.
Sin embargo, en el análisis del caso se advirtió que, de acuerdo con sus normas internas, esta institución es la encargada de distribuir y reportar los recursos de programas sociales de dependencias y entidades. Además, se advirtió que es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal, por lo que se determinó que el Banco del Bienestar es competente para conocer la información requerida, por lo que le ordenó darla a conocer.
Al presentar el caso, Ibarra Cadena sostuvo que se debe garantizar el acceso a la información sobre las acciones que lleva a cabo el Estado en la distribución de los programas sociales. En tanto, la comisionada Del Río Venegas destacó la necesidad de acceder a la información sobre el manejo de recursos públicos destinados a programas sociales, ya que, desde 2018 a la fecha, el presupuesto asignado para la política social ha tenido incrementos significativos.
“De acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2018, el gobierno en turno destinó 106 mil 645 millones 524 mil 028 pesos; en el año 2019, incrementó a 147 mil 178 millones 038 mil 738 pesos; en el año 2020, fue de 175 mil 458 millones 121 mil 273 pesos; en el ejercicio pasado 2021, se aprobaron 185 mil 076 millones 784 mil 169 pesos, y para este ejercicio fiscal, se aprobaron 291 mil 041 millones 367 mil 786 pesos, lo que representa un incremento significativo en comparación con los años anteriores”, afirmó.
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