Derivado de una denuncia presentada por el Comité Pro Defensa del Tren Maya, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación para identificar posibles violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas de la región de Calakmul, Campeche, relativas a un juicio de amparo presentado y otorgado por el Juzgado Primero de Distrito de esa entidad federativa, en contra del proyecto de infraestructura.
El organismo nacional refiere que durante la construcción del proyecto del Tren Maya, vigilará el cumplimiento de la normatividad federal vigente en materia ambiental y arqueológica para proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos indígenas que habitan las entidades federativas de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
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Asimismo, agrega que de encontrar algunas anomalías, hará las recomendaciones necesarias, al tiempo que ratifica su compromiso con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las comunidades indígenas en todo el país.
Dan contratos para el Tren Maya por 39 mil mdp
En lo que va del año Fonatur pactó ya contratos por 39 mil 510.4 millones de pesos para el Tren Maya, equivalentes a 28 por ciento del costo total del proyecto en el sur-sureste del país.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo a cargo de la obra ha entregado 16 contratos a constructoras, empresas de consultoría encargadas de supervisar el diseño y ejecución de las obras, testigos sociales que respalden las licitaciones, una empresas de vales de despensa y la difusión de los avances de uno de los proyectos de mayor relevancia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Hasta ahora el contrato más jugoso, por 15 mil 994 millones de pesos (sin IVA) es el otorgado a un consorcio integrado por Operadora Cicsa, de Carlos Slim, y a la española FCC Construcción.
Durante 28 meses, ambas empresas estarán a cargo de la construcción de 246 kilómetros entre Escárcega, Campeche y Calkiní, en Yucatán, el segundo de los siete tramos que conforman el proyecto turístico que una vez concluido conectará a cinco estados de esa región.
Cal y Mayor y Asociados se encargará de supervisar el diseño y ejecución de este tramo a cargo de Cicsa y FCC Construcción, un trabajo por el que cobrará 295.1 millones de pesos. La empresa de consultoría ganó el año pasado la licitación para actualizar los Estudios de Preinversión para la ampliación de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tramo La Paz-Chalco, y antes se adjudicó la licitación para los Servicios de Supervisión Técnica y Administrativa del edificio terminal del fallido aeropuerto Texcoco.
El segundo contrato con mayor valor fue para un consorcio integrado por MotaEngil, China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería, Eyasa y Grupo Cosh. Las empresas presentaron una propuesta más atractiva que la de Cicsa y se hicieron de un contrato por un poco más de 13 mil 394 millones de pesos para construir desde abril pasado el tramo que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, en Campeche.
Para supervisar este tramo de 227 kilómetros Fonatur licitó un contrato que ganó un consorcio de empresas integrado, entre otras, por Ayesa México, Geosol, al ofrecer un costo de 258 millones de pesos.
El tramo tres de Calkiní, en Campeche, a Izamal, en Yucatán, será construido por un consorcio conformado por Construcciones Urales, Gami Ingeniería e Instalaciones y Azvi. Con un costo de mil 787 millones de pesos, la vía de 172 kilómetros es hasta ahora el tramo más económico.
La vigilancia de estas obras la llevará un grupo de empresas encabezadas por Consultoría Integral en Ingeniería, que cobrará 189.7 millones de pesos.
Con información de Xóchitl Bárcenas
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