Un jueza federal otorgó una suspensión de plano para que se frene la construcción de un parque industrial en la comunidad de Puente Madera en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, el cual se encuentra en la ruta del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec (CIIT).
El recurso fue otorgado por Miriam Fabiola Núñez Castillo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien de esta manera prohíbe que las autoridades puedan llevar a cabo la construcción del Polo de Desarrollo para el Bienestar San Blas Atempa, por lo menos hasta que se defina si se otorga el amparo o no, lo cual puede tardar varios meses.
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“(Se otorga la) suspensión para el efecto de que las autoridades responsables con motivo de la declaratoria del Polo de Desarrollo para el Bienestar (San Blas Atempa), se abstengan de privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios de la de la comunidad denominada (Puente Madera) ubicada en el mencionado municipio, hasta en tanto se dicta resolución en el presente juicio de amparo”, expuso la resolución de la juzgadora.
En conferencia de prensa hoy en las instalaciones del Centro Prodh, los representantes legales de la comunidad detallaron que la solicitud del amparo fue porque la construcción del parque industrial se llevó a cabo luego de una consulta popular con irregularidades y en donde no participaron los locales, lo que violó la normativa interna a la que tienen derecho como pueblo originario.
“Este Polo de Desarrollo se fundamenta en una supuesta consulta indígena y (de) obtención del libre consentimiento (...) señalando que llevaron a cabo la consulta hace un par de años, la cual no se llevó a cabo conforme al sistema normativo de la comunidad de Puente Madera, principalmente porque es una consulta que tiene que ver con su libre determinación y es (celebrada) en un lugar fuera de la comunidad, en una supuesta asamblea municipal que ni siquiera las autoridades de Puente Madera convocaron”, explicó el abogado Juan Carlos Flores.
Por esta situación fue que la comunidad interpuso un amparo, ya que con la construcción del parque industrial se les invadió un predio de uso común conocido como El Pitayal, el cual podrán volver a ocupar en tanto tiene efecto la suspensión de plano.
Juan Carlos Flores señaló que el que la juzgadora haya otorgado el recurso solicitado significa un reconocimiento hacia la irregularidad de la consulta y de las afectaciones que generaría la construcción de dicho parque industrial en la comunidad inconforme.
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Por su parte, a través del director ejecutivo del CIIT, Julio Francisco Rojas, se informó a los locales que el gobierno federal no apelará la resolución de la jueza Miriam Fabiola Núñez Castillo y, en su lugar, esperará hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.
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