El deterioro y la eventual caída de la democracia es uno de los riesgos de la reforma electoral del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador que advierte el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM en un estudio publicado este día.
El documento titulado “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reforma constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República” destaca que la eliminación de los 200 diputados y 64 senadores plurinominales, cambio que será discutido a partir de septiembre cuando inicie la nueva legislatura, es un “rasgo preocupante del oficialismo” que pretende un dominio absoluto de la mayoría, pues los ciudadanos cuyos candidatos a legisladores no ganen la elección no se verán representados en el Congreso de la Unión.
“La marginación de las minorías en la representación política y el consecuente abandono de nuestra pluralidad, propuesto por la iniciativa, acarrearía el riesgo no sólo del debilitamiento de la representatividad ciudadana y el resurgimiento de un partido hegemónico, sino el deterioro y la eventual caída de nuestra democracia”, indica el documento.
El estudio destaca que el sólo contar con un esquema de mayoría relativa para elegir a legisladores tiende a producir la sobrerrepresentación del partido mayoritario y, en consecuencia, la subrepresentación de los partidos minoritarios o de oposición
“Con dicho sistema, se desperdician los votos obtenidos por los partidos que no obtengan la mayoría en el correspondiente distrito nominal, pues solo quien la alcance obtiene la curul. Lo anterior propicia que un sector importante del electorado quede sin representación, y, por tanto, da como resultado una injusta distribución de los escaños o curules y de la representación política, lo cual afecta severamente la pluralidad”, destaca el documento.
El estudio indica que la iniciativa del presidente no proporciona ningún argumento para justificar por qué la sola reducción de legisladores y la eliminación de los pluris implican mejorar la representación ciudadana, cuando “hay evidencia histórica y de derecho comparado en sentido opuesto”.
Otro punto de preocupación para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es el cambio de interpretación del concepto de propaganda, pues la reforma pretende considerar sólo propaganda a “aquella contratada con recursos públicos se sujetos obligados” y ampliar el alcance de la excepción al establecer que no estará prohibida la difusión no sólo de los servicios educativos y de salud, sino de los “servicios públicos en géneral”, lo que abre la puerta a que en campañas se hable de logros de gobierno.
“Lo que se pretende, en pocas palabras, es abrir la llave para que sea posible difundir más propaganda gubernamental durante las campañas, la veda electoral y la jornada electoral como puede verse, el balance de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que presentó el titular del Ejecutivo federal es, desafortunadamente, negativo”, indica el documento.
El IIJ señala también que la reducción a la mitad del presupuesto público que reciben los partidos políticos“pareciera más una medida para favorecer al hoy partido mayoritario en el gobierno y dificultar que los de oposición puedan disputar el acceso al poder y convertirse eventualmente en mayoría, a diferencia de lo que aquél propugnaba cuando era oposición”.
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Así también, la eliminación de los 32 Organismos Públicos Locales y Tribunales Electorales y la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral por voto popular son otros puntos problemáticos de la reforma que advierte el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues señala que “no garantiza ni la independencia ni el mérito de las personas electas y abriría la puerta para la captura partidista de los árbitros electorales”.
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