Por cada 100 casos de extorsión que se registran en México, sólo dos se integran en carpeta de investigación, por lo que los 98 restantes quedan en la impunidad, señala un estudio realizado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) en el que además se expone que el Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco lideran en denuncias por este tipo de delito.
“A pesar de que el ilícito de extorsión es uno de los principales delitos cometidos en el país, también es uno de los menos denunciados, pues se estima que, por cada 100 casos, en sólo dos se abre una carpeta de investigación”, dice el estudio “Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave” realizado por Juan Pablo Aguirre Quezada y publicado por a Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.
“El cobro de piso, ciberextorsiones, amenazas y engaños por teléfono son las principales modalidades de extorsiones. En tiempos más recientes, las bandas criminales han hecho uso de la inteligencia artificial para llevar a cabo nuevos tipos de extorsión”, dice el estudio.
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En 2023 se reportaron 10 mil 337 denuncias por el delito de extorsión, cifra menor a la registrada en 2022 cuando fueron 10 mil 343 casos de este tipo, esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En Estado de México se registraron cuatro mil 010 averiguaciones previas por el delito de extorsión; en territorio mexiquense el Consejo Rector de la Masa y la Tortilla Tradicional mexicana denunció que en el municipio de Chimalhuacán de 400 tortillerías que hay en promedio; 100 propietarios han recibido llamadas de extorsión por parte de supuestos grupos criminales y al menos 20 tortillerías han sido atacadas a balazos o incendiadas.
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Veracruz es la segunda entidad en donde también se presenta un alto número de denuncias relacionadas con extorsionadores; 881 averiguaciones previas en esta entidad; el Gobierno veracruzano emitió un comunicado en el que orienta a sus ciudadanos a colgar llamadas desconocidas en donde mencionen que un familiar cercano está en peligro.
“Si te llaman de un número desconocido mencionando que tu familiar se encuentra en peligro, ¡Cuelga! Y trata de comunicarte con él, a fin de verificar los hechos y evitar caer en una extorsión”, dice el comunicado del Gobierno de Veracruz.
Los otros estados que lideran en denuncias por extorsión son: Guanajuato y Nuevo León, con 797 y 588 denuncias por extorsionadores, respectivamente.
Aunque no está en los primeros lugares, la extorsión en Michoacán ha sido un problema en los últimos meses. Este año, productores del cítrico denunciaron que en Apatzingán integrantes del crimen organizado les pedían hasta dos pesos por cada kilogramo de la fruta producida.
Esto provocó que la producción se suspendiera algunos días en agosto hasta que el gobierno local se comprometió a brindar seguridad a los productores.
El problema de la extorsión a los limoneros es reconocido por el gobierno de Claudia Sheinbaum que lo incluyó como uno de sus puntos clave en su Estrategia de Seguridad de los primeros 100 días de su administración.
Hace unos días los legisladores de San Lázaro aprobaron la reforma al artículo 19 constitucional que incluye a la extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En tanto las entidades federativas con menos reportes de extorsión en México son: Coahuila, Chiapas, Yucatán, Chihuahua y Tlaxcala.
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De enero a agosto de 2024 se registraron seis mil 824 denuncias por casos de extorsión y en las que se iniciaron averiguaciones previas.
El estudio además expone que, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, durante el 2023, 54.5 por ciento de los empresarios fueron víctimas de algún delito, siendo la extorsión el segundo más frecuente.
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El Instituto Belisario Domínguez destaca en su informe que el delito de extorsión ha generado graves daños al patrimonio y la seguridad de las y los mexicanos, así como el asesinato de víctimas.
“Pese a las denuncias registradas, este ilícito tiene una gran cifra negra, por lo que existe mucha impunidad para castigar a los responsables, así como desconfianza por parte de las personas afectadas con las autoridades encargadas de la seguridad y justicia”, dice el estudio.
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