El líder independentista y expresidente catalán Carles Puigdemont, objeto de una orden europea de detención emitida por España para su extradición por un intento de secesión en 2017, llegó este lunes al tribunal de Sassari en Cerdeña (Italia), para comparecer ante un juez, tras haber sido arrestado brevemente el 23 de septiembre.
Puigdemont, que había sido puesto en libertad al día siguiente de esa detención, ingresó poco antes de las 11H00 (09H00 GMT) a la sede de la corte de apelaciones de Sassari, entre aplausos de varias decenas de militantes independentistas catalanes y sardos que gritaban "¡Libertad, libertad!", constató una periodista de la AFP.
Las autoridades judiciales italianas deberán determinar si la decisión de la corte de dejarle en libertad, con plena facultad de movimientos, es definitiva. Puigdemont había sido arrestado al llegar al aeropuerto de Alguer, al noroeste de la isla, para participar en un evento dedicado a la cultura catalana.
"Durante la audiencia se deberá determinar si se puede aplicar o no la orden europea de detención", explicó a la AFP su abogado defensor, el italiano Agostinangelo Marras.
El caso será examinado por tres jueces de la corte de apelaciones y se puede recurrir toda decisión ante la casación, explicó el abogado.
"Por el momento no se va a examinar el tema de la extradición", aseguró Marras.
Puigdemont, eurodiputado desde 2019, quien reside en Bélgica, a donde huyó después de la efímera declaración de independencia que lideró en 2017, regresó el domingo a Cerdeña sin registrar problemas para ingresar.
El líder independentista fue recibido por Toni Comín y Clara Ponsatí, dos eurodiputados sobre los cuales pesan las mismas órdenes europeas de detención emitidas por España. También lo acompaña Jordi Sánchez, dirigente de una asociación independentista en el momento del intento de secesión en 2017 y liberado en junio tras haber purgado cuatro años de prisión.
"La justicia italiana cayó en la trampa de la Corte Suprema italiana", declaró a la AFP Toni Comin, que no fue detenido al llegar a Cerdeña.
"La justicia italiana no tiene recorrido en una justicia europea que defiende derechos. Creo que es el mensaje que hoy debe quedar claro", dijo de su lado Sánchez.
La estrategia del líder catalán es la de intentar de que la justicia italiana determine si la orden de captura europea estaba o no en vigor y cuál es el efecto y evitar el tema de la extradición.
Entre la inmunidad y la extradición
Sobre él pesa una orden de detención europea emitida por España en 2019, que, según los abogados de Puigdemont, estaba suspendida a la espera de una decisión del Parlamento europeo sobre un recurso en torno a la inmunidad del exdirigente catalán.
El expresidente gozó durante un tiempo de inmunidad, pero fue levantada por las instancias europeas este año. Una decisión confirmada después por el Tribunal General de la Unión Europea.
El equipo legal del líder independentista presentó el viernes ante la justicia europea un pedido para recuperar su inmunidad parlamentaria.
Ha sido la tercera vez que Puigdemont es detenido desde que huyó de España, la primera en Bruselas, a su llegada, y la segunda en Alemania, en marzo de 2018, donde los tribunales tardaron casi cuatro meses en devolverle la libertad total.
El caso en Cerdeña ocurre en un contexto nuevo, en plena distensión entre Madrid y Barcelona, que se tradujo en la concesión en junio del indulto a nueve líderes secesionistas en prisión.
Puigdemont sigue viajando por Europa, desafiando la orden de arresto europea emitida por Madrid hace casi dos años.
El jueves, el juez instructor de la causa en España, Pablo Llarena, remitió un documento a la justicia italiana donde insistió en que las órdenes de arresto continúan vigentes y que el líder catalán debía ser arrestado y extraditado.
El representante de la línea más dura del secesionismo, que crítica la negociación emprendida con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, es reclamado en España por sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso fallido de independencia.
La sedición, delito del que lo acusa España, no figura en el código penal de Italia y por ello un eventual proceso de extradición resulta muy complejo.
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En caso de que la justicia italiana tenga que examinar su extradición, tiene un plazo de hasta 60 días, que puede ser ampliado en varias ocasiones.
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